La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado
inconsistencias en el proceso de licitación pública que realiza el Ayuntamiento de Zapopan
para otorgar la concesión del alumbrado público a una empresa privada de acuerdo con una
resolución emitida por la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas (UCEF),
así lo dio a conocer una de las empresas participantes en este concurso.
Dichas observaciones surgieron del intento realizado por el Ayuntamiento para inscribir esta
concesión en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios de la UCEF, con lo que se autorizaría el presupuesto necesario
para arrancar este proyecto.
En rueda de prensa, los representantes legales del consorcio encabezado por NL
Technologies, informaron que las mencionadas irregularidades responden a que el
municipio de Zapopan ha ido en contra de la voluntad del Pleno, pues intentó registrar ante
la UCEF un contrato de concesión en la modalidad de asociación público-privada, cuando
en la sesión de Cabildo del 10 de marzo de 2017 los regidores aprobaron que se realizara
un contrato de concesión de servicio público.
Además de ello, afirmaron que para que la actual administración de Zapopan pudiera
realizar este proceso de licitación pública primero debieron solicitar la autorización
financiera del Congreso del Estado para posteriormente proceder con el lanzamiento de la
convocatoria, tal y como lo marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, pero esto no fue así, por lo que el proceso cuenta con
irregularidades desde su mismo origen que no pueden ser subsanadas. En este sentido, el
contrato de concesión también infringe con lo dispuesto en dicha normatividad.
Arturo Sandoval López, uno de los abogados de NL Technologies, precisó que desde marzo
de 2017, dicha empresa promovió la demanda 669/2017 ante el TAE en la que da cuenta de
irregularidades como las anteriores, incluso meses atrás de que también las señalará la
SHCP a través de la UCEF.
“Ante lo patente de estos vicios, fue que la Cuarta Sala del TAE, dictó una medida cautelar
a favor de nuestro Consorcio para que desde el momento de su notificación se suspendiera
el proceso. Sin embargo, dicha medida cautelar NO ha sido obedecida por las autoridades
municipales aún y cuando les fue debidamente notificada”, precisó Sandoval López.
La empresa NL Technologies cuenta además con un par de amparos que les concede la
suspensión para impedir la firma del contrato, así como evitar el pago al consorcio ganador
y que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, por lo que cuestionan
que el presidente municipal, Pablo Lemus, insista en realizar el registro de la concesión en
la SHCP sin antes resolver los conflictos legales por los que atraviesa, pues de lo contrario
el presupuesto se mantendría congelado durante tiempo indefinido.
Por su parte, Jorge Contreras Bravo, también representante legal de NL Technologies,
detalló que para poder contar con el presupuesto necesario para financiar el pago de la
concesión de alumbrado público, el Ayuntamiento de Zapopan solicitó al Congreso de
Jalisco comprometer inicialmente el 21% de las participaciones federales correspondientes
al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal, aunque más tarde
sin el aval expreso del Cabildo este porcentaje aumentó al 34%.
Explicó que no existe certeza en torno al presupuesto específico que se designa para estas
partidas, por lo que en un ejercicio realizado por esta firma y conforme a la Ley de Ingresos
de 2018, de haber solicitado inicialmente un monto de 4 mil 384 millones para los 18 años
en los que se plantea la concesión, esta cifra podría aumentar hasta 13 mil millones durante
el mismo periodo, por lo que cuestionó la omisión de la administración municipal al no
informar a los ciudadanos cómo se pretende distribuir esta cantidad de dinero y a cuánto
asciende realmente esta afectación.
Los representantes legales del consorcio encabezado por NL Technologies exigieron al
alcalde Pablo Lemus, presente las pruebas necesarias para demostrar que las
declaraciones en las que acusa a esta empresa de extorsión, así como de presentar
certificados falsos y comprar suspensiones ante tribunales, son ciertas y no únicamente
intentos de difamación
“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento de corrupción en nuestra contra al
igual que cualquier acto de extorsión o presión para obtener algún beneficio, por lo que
exigimos al alcalde que presente públicamente todas las pruebas con las que cuente para
demostrar la veracidad de sus señalamientos”, subrayó Contreras Bravo.
En el mismo sentido, descartaron ser responsables de la inseguridad por la que atraviesa el
municipio derivado de la falta de alumbrado público, pues el Ayuntamiento cuenta con los
recursos y los medios necesarios para la prestación de este servicio. En lo que va de esta
administración se han gastado más de 112 millones de pesos en la compra de luminarias y
material eléctrico. “Si las calles están sin luz no es por culpa de que la licitación esté
detenida, sino en todo caso por negligencia del gobierno municipal.”
Cuestionaron que lejos de afrontar las críticas, Pablo Lemus y su gabinete, se han
escudado en un “tornillo legal” otorgado por el magistrado Alberto Barba, quien ha sido
criticado fuertemente por el propio Ayuntamiento, a un sujeto que no contaba con ninguna
participación en el proceso y que le permite evitar cualquier recurso legal que pudiera
detener la licitación por más irregularidades que se presenten.
Finalmente, realizaron un enérgico llamado a los regidores de la ex Villa Maicera a que se
pronuncien en torno a las irregularidades documentadas y reiteraron el compromiso de este
consorcio con la transparencia y la rendición de cuentas que exige la sociedad.
