Por: Héctor Romero González
La procuración de justicia tradicionalmente ha estado vinculada a la esfera política, ya que las Fiscalías o instancias homólogas han dependido de los Poderes Ejecutivos.
Probablemente a causa de ello, aunado a un andamiaje institucional deficiente, ausencia de controles efectivos e insuficiente asignación presupuestal, se ha provocado un rezago en la procuración de justicia.
De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por el investigador Guillermo Zepeda y publicado por el colectivo “Impunidad Cero”, apenas 5 entidades federativas lograron una puntuación superior al 60% en la evaluación que les fue practicada, la cual abarca rubros estructurales, operativos y de resultados. Jalisco obtuvo un resultado global de 46.38%, sin embargo, llama la atención que fue la entidad peor evaluada en cuanto a la efectividad en investigaciones, obteniendo apenas una calificación de 5.4%, lo cual contrasta con Guanajuato que en ese rubro alcanzó 51.3%
Por ello, desde hace un par de años, se ha reconocido la importancia de garantizar la autonomía de las fiscalías. Al respecto, en el año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, consideró no solo a integrantes de la judicatura, sino también a fiscales como una categoría especial de defensores de derechos humanos en situación de indefensión.
La misma instancia, en 2011, señaló que “la relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto de otros órganos, puede tener un impacto sobre su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de la investigación así como en las implicaciones que tenga en el debido proceso”.
Así, organizaciones de la sociedad civil y académicos bajo el colectivo #FiscalíaQueSirva sumaron voces y han exigido se garantice la independencia de las instancias de procuración de justicia nacional y estatales mediante su autonomía constitucional.
Aclaro que la autonomía que se busca no es sinónimo de ausencia de controles o un manejo arbitrario de quien se designe como titular del organismo, por lo cual cobra relevancia que en los procedimientos de designación y remoción del Fiscal, la aprobación del presupuesto, así como la conformación de instancias de control participen diversos poderes públicos.
Estas recomendaciones obedecen a que en casos que alcanzan una amplia cobertura mediática o son de interés para grupos políticos, es común que las indagatorias sean manipuladas por el Estado para determinar su rumbo. Se observa una mayor complejidad en aquellos casos que las investigaciones se siguen en contra de miembros del propio Estado.
En ese contexto, durante 2013 se reformó la Constitución para sustituir a la Procuraduría General de la República, por la Fiscalía General de la República (FGR), concibiendo a ésta como un organismo con autonomía constitucional, ajeno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, estableciendo, además, garantías de independencia mediante procesos mixtos para la designación y remoción del titular, procurando orientarlo al mérito y acorde a estándares internacionales.
Por ello, la mayoría de los congresos locales han procurado replicar dicho andamiaje de las fiscalías, haciendo las adecuaciones correspondientes en sus constituciones estatales. A la fecha son 24 las entidades federativas que lo han hecho, sin embargo existe amplia heterogeneidad en cuanto a los mecanismos de control y garantías de independencia que establecen. Algunos fueron más allá que el propio modelo federal, determinando que los procesos de designación surjan de convocatorias públicas, así como se asegure la suficiencia presupuestal de las fiscalías. En cambio, otras entidades establecieron mecanismos que mantienen la hegemonía del titular del Poder Ejecutivo en los procesos de designación, señalando que la propuesta de titular corresponderá al gobernador en turno (en la mayoría de los casos mediante terna), así como la remoción del mismo.
Jalisco se encuentra en éste último supuesto, ya que si bien desde el 18 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la reforma al artículo 53 de la constitución local que prevé la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado, no establece un mecanismo que evite una propuesta de perfiles afines a los intereses del Ejecutivo.
No obstante, ésta reforma aún no cobra vigencia, es decir, está en la ley, pero no se puede considerar una realidad. Esto sucede ya que el artículo tercero transitorio del Decreto por el cual se emitió la reforma señala que las disposiciones relativas a la autonomía de la Fiscalía General del Estado entrarán en vigor una vez que se expidan y cobren vigencia las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Jalisco, necesarias para la implementación, estableciendo un plazo máximo para dichas reformas el 14 de septiembre de 2017.
Parecía que esas nuevas leyes se expedirían en 2018, pero, por alguna razón que no se advierte de los dictámenes legislativos, el 5 de diciembre de 2018 se publicaron la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, que no se adecuaron en el sentido que mandata la constitución, lo cual implica una omisión legislativa del Congreso del Estado.
Esperemos que el Poder Legislativo pronto realice las reformas conducentes a la legislación secundaria que cristalice las reformas que ahora comentamos, eliminando los aspectos que resultan inconstitucionales sobre la dependencia de la Fiscalía del Poder Ejecutivo.
Considerando la resistencia que han mostrado aún varios estados para transitar hacia un modelo de #FiscalíaQueSirva, en el Congreso de la Unión ya se discute una reforma a los artículos 102 y 116 de la Constitución nacional, con el objeto de establecer la obligatoriedad de que las entidades conformen fiscalías estatales con una naturaleza homóloga a la FGR. Dicha iniciativa fue aprobada ya por la Cámara de Diputados desde el mes de abril de 2018, estando pendiente su aprobación en la Cámara de Senadores.
