Por: Verónica Juárez Piña
En el actual contexto de la pandemia y pos-pandemia de la Covid-19, es entendible el incremento de pobreza, no obstante, también es atribuible a la negativa del presidente López Obrador a implementar políticas públicas encaminadas a aminorar su impacto y apoyar a las y los mexicanos, así como a las empresas en el sector productivo.
Las estimaciones de pobreza multidimensional en 2018 y 2020, divulgadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no dejan lugar a dudas que desaparecer Prospera y el Seguro Popular, y reemplazarlos con becas, pensiones e Insabi; tuvo un impacto aún mayor en la falta de bienestar de la población.
De acuerdo con el Coneval, además de incrementar 3.8 millones de nuevos pobres, -de 51.9 a 55.7 millones-, empeoraron las carencias sociales o de vulnerabilidad, ingresos y acceso a los servicios de salud. Asimismo, el número de personas en situación de pobreza moderada se elevó en 1.7 por ciento, es decir, el cambio fue de 43.2 millones a 44.9 millones.
Resulta impostergable rediseñar los programas de transferencia monetaria para focalizarlos hacia los grupos de personas de menores ingresos, y, no menos importante, invertir más en la población más vulnerable, para reducir o subsanar las carencias sociales en materia de educación y salud.
Según especialistas, el aumento en la carencia por acceso a los servicios de salud, de 16.2 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento de la población en 2020, desnudan la incapacidad del modelo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, mismo que había logrado reducir de manera sustancial la falta de acceso a los servicios de salud.
Frente a este escenario, la política de desarrollo social gubernamental ha sido incapaz de abatir la pobreza, por el contrario, sigue acentuándose.
Es urgente que el titular del Ejecutivo Federal modifique la política social actual, identifique e implemente una mejor ruta que posibilite a las y los mexicanos, y a los diferentes sectores productivos, recuperarse lo más rápido posible de los impactos negativos de la pandemia.
Y, al mismo tiempo, debe impulsar una política económica que propicie el crecimiento, genere empleos e impulse las actividades productivas; mediante la concertación y el acompañamiento de los sectores público, privado, y la sociedad en general.
Combatir la pobreza debe ser un objetivo prioritario del Estado Mexicano. Usar los recursos públicos con fines clientelares sólo beneficia a unos cuantos, pero profundiza las carencias de millones de mexicanas y mexicanos, obstaculiza el desarrollo nacional y se convierte en un obstáculo para el futuro de las nuevas generaciones.
