Por: Yuri Guzmán
La libertad de expresión en las redes sociales enfrenta en la actualidad un escenario cada vez más restringido y controvertido, especialmente en México donde las autoridades buscan limitar las críticas y el disenso bajo pretextos de seguridad, ciberseguridad o protección del orden público. La reciente aprobación en Puebla de la “Ley Censura”, oficialmente llamada Ley de Ciberseguridad, ejemplifica esta tendencia autoritaria que, lejos de proteger a la ciudadanía, amenaza derechos fundamentales y fomenta un clima de temor y autocensura.
Esta ley, que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes insulten u ofendan en redes sociales, ha generado una ola de rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, como Artículo 19, que advierten que abre la puerta a la persecución por opinar en internet. La criminalización de expresiones que no incitan a la violencia, sino que simplemente critican o cuestionan a funcionarios públicos, limita la posibilidad de un debate abierto y democrático. La historia nos muestra que la censura y la represión de la libertad de expresión solo sirven para consolidar regímenes autoritarios y silenciar voces disidentes.
En Puebla, la entrada en vigor de esta ley ha provocado una reacción en cadena en las redes sociales, con usuarios que temen publicar opiniones críticas por el riesgo de ser sancionados o encarcelados. La declaración del gobernador Alejandro Armenta, al decir que realizará consultas para conocer qué opinan los poblanos, evidencia su desconocimiento de la ley . No olvidemos que en una sociedad democrática, el diálogo y la crítica son esenciales para la construcción de un Estado más justo y transparente.
Y Campeche no se queda atras, donde la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González y al representante del diario Tribuna por supuesta “incitación al odio”, es aún más alarmante. La medida incluyó el cierre del medio digital y la prohibición de ejercer el periodismo, además de una millonaria indemnización por “daño moral”. Todo esto por publicaciones críticas hacia la gobernadora Layda Sansores, que no contenían ofensas, sino simplemente opiniones y análisis periodísticos. Este tipo de acciones no solo criminalizan el ejercicio periodístico, sino que también desalientan la participación ciudadana y la denuncia de irregularidades, pilares fundamentales de una democracia saludable.
La autocensura, motivada por el miedo a represalias judiciales o sociales, es una consecuencia inevitable en estos contextos. La abogada y jueza Reyna Rodríguez, quien expresó en sus redes sociales que dejará de publicar por temor a la violencia, ejemplifica cómo la inseguridad y la represión limitan la libertad de expresión en la vida cotidiana. Publicó en X “Más de 8 hombres armados entraron a casa de mi mamá. Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia”. Eso refleja el costo personal que asumen quienes desean ejercer su derecho a opinar.
¿Hacia dónde vamos con este autoritarismo disfrazado de protección? La libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino el pilar de toda sociedad democrática. Como afirmó Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010, “matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”. Limitar este derecho significa negar el derecho a la información, a la crítica y a la participación activa en la construcción del conocimiento y la justicia social.
Es imprescindible que las leyes que regulen el uso de las redes sociales respeten los derechos fundamentales y no se conviertan en instrumentos de censura. La sociedad debe rechazar cualquier intento de silenciar voces disidentes y promover espacios donde la crítica sea vista como un mecanismo de mejora social, no como una amenaza. La libertad de expresión, en definitiva, es la madre de la verdad y la base de una convivencia democrática y plural. Preservarla y defenderla, aunque a veces sea incómodo, es responsabilidad de todos.
