Por: Héctor Romero González
Desde el año 2007 se expidió la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, permitiendo así la implementación de métodos alternativos de solución de controversias, evitando que conflictos entre particulares alcanzaran instancias judiciales.
Entre ellos están la mediación, conciliación, negociación y el arbitraje. Los tres primeros son similares, pues implican que las partes logren un acuerdo por si mismas aunque con sus particularidades, mientras que el arbitraje es un mecanismo en el cual las partes acuerdan que sea un tercero (árbitro), que no tiene la calidad de juez, quien resuelva su conflicto.
En materia mercantil, es decir, en aquellas relaciones que se tienen entre comerciantes, siguiendo la corriente internacional, el arbitraje ha tenido un amplio reconocimiento por los empresarios, quienes han privilegiado su uso por la celeridad que puede ofrecer a la solución de conflictos, así como la especialización de quienes fungen como árbitros, por lo cual se evitan roces innecesarios entre las partes contendientes y, en algunos casos, pueden mantener sus relaciones comerciales.
Ahora bien, estos beneficios no son exclusivos para las empresas y comerciantes, sino que éste mecanismo también puede ser aprovechado para solucionar controversias de carácter civil entre particulares, tal como litigios derivados de arrendamientos, préstamos o compraventas de inmuebles.
Por ello, desde el 2011 que inició sus operaciones el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) existía una amplia expectativa porque se divulgara con mayor amplitud la cultura del arbitraje y el propio Instituto fuese un espacio donde las personas pudieran encontrar árbitros con suficiente preparación para resolver sus controversias en forma adecuada para ellos.
Lamentablemente a la fecha el IJA no ha gestionado la tramitación de un solo arbitraje como sede, sino que ha concentrado sus esfuerzos en la promoción de la conciliación y la mediación.
A su vez, existe un gran desincentivo para optar por este mecanismo ante el desconocimiento de muchos juzgadores que tienden a no respetar los acuerdos arbitrales o entorpecer la ejecución de las resoluciones definitivas dictadas por los árbitros, así como las barreras que la propia legislación estatal prevé para poder someterse al arbitraje y que las partes renuncien a que sus conflictos sean resueltos por un juez tradicional.
Sobre esto último existe una gran responsabilidad tanto de los legisladores del Congreso del Estado y los pertenecientes al Congreso de la Unión; los diputados locales deberán llevar a cabo las reformas al Código Civil del Estado de Jalisco para homologar los aspectos sobre la forma en que las partes deben pactar en sus contratos la sumisión al arbitraje, mientras que los legisladores federales actualmente discuten el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde deberán establecerse las reglas para conducir un procedimiento arbitral de manera uniforme para todo el país.
Para un cambio de fondo en el sistema de justicia cotidiana es imprescindible repensar la forma en que pensamos en el conflicto y cómo lo resolvemos, asumir una cultura de la paz que permita una despresurización de los tribunales, reconociendo que no toda contienda puede ni debe solucionarse de una misma manera, sino que el Estado debe ser flexible en permitir que los gobernados encuentren las formas que les resulten más convenientes.
Son diversas las instituciones que tienen una asignatura pendiente para fortalecer el arbitraje y lograr que su regulación no sea letra muerta, sino que se convierta una herramienta útil para transitar y adoptar una nueva visión respecto a la solución de controversias.
@hecromg
