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APIEJ exige diálogo y certeza jurídica para asegurar el desarrollo industrial en El Salto

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La Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ) hizo un enérgico llamado a las autoridades municipales de El Salto, Jalisco, para que prioricen el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los recientes problemas que enfrentan los parques industriales en la región. La petición surge en medio de la polémica por las acciones del gobierno local que, en los últimos seis meses, han afectado la operación de estos espacios productivos.

El pronunciamiento de la APIEJ se da tras la clausura del Parque Industrial Guadalajara, justificada por las afectaciones derivadas de las recientes lluvias, pero que provocó el desalojamiento de miles de trabajadores y la interrupción de procesos productivos. La asociación expresó su preocupación por las recientes acciones del municipio, señalando que estas medidas son desproporcionadas, con fundamentos legales ambiguos y sin apertura al diálogo. Además, advirtió que dichas acciones generan incertidumbre jurídica, poniendo en riesgo los empleos formales y las inversiones de empresas nacionales e internacionales en la zona.

El corredor industrial de El Salto abarca actualmente 2.5 millones de metros cuadrados de inventario, posicionándose como el segundo más importante a nivel nacional fuera de las zonas fronterizas. Además, se están construyendo 750,000 metros cuadrados adicionales, consolidando su papel como motor económico regional. La APIEJ reiteró que las inversiones futuras y la permanencia de las empresas en el municipio dependen de un marco legal claro y respetuoso de los derechos y obligaciones de las partes.

La asociación subrayó su compromiso de trabajar en cumplimiento con la legislación vigente en todos los niveles de gobierno y resaltó la importancia de aplicar cualquier requerimiento normativo con base en los principios de certeza jurídica. Finalmente, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad, la continuidad operativa y el bienestar de las comunidades, sin poner en riesgo el crecimiento industrial y los empleos que benefician a miles de familias en El Salto.

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