Solo han transcurrido poco más de 30 días desde el 1 de julio en que Andrés Manuel López Obrador resultó victorioso de la elección por la presidencia de la República y un cúmulo de letras se han publicado en torno a lo dicho y hecho por el virtual presidente electo.
Si bien es cierto podríamos enumerar algunos aciertos, como el establecer que habrá austeridad y se eliminarán lujos, excesos y derroche en muchas dependencias, así como que disminuirán sueldos excesivos y burocracia, también es verdad que se ha equivocado rotundamente en nombramientos como los anunciados para el sector energético pues la designación de Norma Rocío Nahle García como Secretaria de Energía y de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, se caracterizan porque a ninguno se le conocen capacidades técnicas o científicas ni experiencia en el manejo de dependencias tan especializadas y altamente complejas, dejando de lado tajantemente la promesa de designar a los mejores especialistas para áreas específicas.
El hecho de que no se diera tiempo de quitar la camisa y el chaleco de campaña para meterse en el traje de presidente electo para gobernar a todos los mexicanos, lo llevaron a cometer un error garrafal al defender el fraudulento fideicomiso por el que el INE multó con 197 millones de pesos a Morena. En su nueva investidura no había cabida para que se involucrara en un tema de partido y sin embargo se dejó llevar para defender tan espinoso asunto que debió encomendar a la presidenta de su partido, además de someterse con respeto a la decisión de autoridades.
El 1 de diciembre en que habrá de rendir protesta como presidente de la República también luce lejano, pero serán por demás interesantes los siguientes temas para revisar cómo irán tomando forma o se desvanecen proyectos y ocurrencias como su insistencia de viajar en aviones de línea, la venta del avión presidencial y su idea de prescindir de servicios de seguridad personal. De igual forma, estaremos atentos a lo referente a la descentralización de secretarías de estado y dependencias especializadas del gobierno de la República, sobre todo ahora que se publicó que “mover a México” como ya se le conoce a este proyecto tendría un costo de 128 mil millones de pesos y tomaría 6 años llevarlo a cabo, sin contar que impactaría la vida de 412 mil personas que tendrían que mudarse de ciudad.
Queda también pendiente cómo será el trato con el país vecino del norte y el futuro del Tratado del Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), toda vez que su postura, tono y actitudes han cambiado desde el 1 de julio, ahora luce mesurado, se hace arrumacos con el presidente Trump e intercambian cartas. Lo preocupante es que el tabasqueño estaría dispuesto a ceder y flexibilizar lo que es la parte medular del problema, es decir, las reglas de origen que afectan básicamente a la industria automotriz.
Y un asunto que nos toca de manera particular a los jaliscienses, es el de los coordinadores estatales para el desarrollo, que ya ha dado pie a dimes y diretes entre el pre designado coordinador estatal y el gobernador electo. Será interesante ver cómo se salva este tema, que si bien se protege bajo el pretexto de evitar la corrupción, habría que buscar la mejor forma de concretarlo sin obstruir el flujo de la administración pública y sin afectar la vida federalista y el desarrollo general de la nación.
Queda esperar que la moderación, prudencia, y ecuanimidad toquen al virtual presidente electo, que se serene y redireccione el camino porque en el rumbo que va, corre el riesgo de perderse.
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