Por: Verónica Juárez Piña
En el marco de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, que tuvo lugar el 18 de noviembre en Washington, Andrés Manuel López Obrador, pretendió asumirse como el paladín de los derechos humanos de los migrantes; mientras que, en México, estos son hostigados, reprimidos y asesinados.
El Ejecutivo mexicano expresó su respaldo al presidente Biden por el plan migratorio de su gobierno, que busca legalizar y beneficiar a más 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal.
Desde febrero de 2021, legisladores demócratas presentaron al Congreso Norteamericano la reforma migratoria impulsada por Biden, que no ha tenido avances.
En la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo estadounidense, López Obrador le dijo “vamos a darle seguimiento a esa iniciativa, que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos, que viven y trabajan horadamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social; es una iniciativa para hacer justicia”.
Pero AMLO es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque mientras en Estados Unidos dice defender a los migrantes, las autoridades mexicanas violentan los derechos de miles de personas que cruzan territorio nacional para llegar al país vecino del norte.
El despliegue en la frontera sur de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) para tratar de impedir el ingreso de migrantes y el desplazamiento de las caravanas, ha provocado innumerables violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, el 31 de agosto de 2021, tres agencias de la ONU, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), sostuvieron que “bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el uso de la fuerza es una medida excepcional que debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas, atendiendo a la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes”.
Las agencias recordaron que las políticas de control migratorio deben aplicarse a la luz de estándares internacionales de derechos humanos, en especial, los relativos a la protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de su estatus migratorio, y los relativos al uso de la fuerza.
En ocasión de las acciones represivas de la Guardia Nacional y de los Grupos Beta del INM contra una caravana de migrantes, el 27 de septiembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el uso excesivo de la fuerza, advirtió que «la seguridad ciudadana y las funciones de control migratorio deben corresponder a fuerzas policiales», y no a integrantes de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado.
El señalamiento de la CIDH fue premonitorio, pues el 1 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional (integrada por soldados) dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes en Chiapas y, como consecuencia, murió una persona de origen cubano.
De tal manera que dejar en manos de la Guardia Nacional y al INM, como un organismo apéndice de ésta, ha resultado en una sistemática violación a los derechos humanos y de poco ha servido para frenar el flujo migratorio.
Por eso resulta alentador que, entre los acuerdos emanados de la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, se haya aprobado un pacto regional sobre migración; pero este debe implicar ir más allá de la retórica, acabar con la militarización de la política migratoria y comprometerse, realmente, con el respeto a los derechos humanos.
