Por: Verónica Juárez Piña
El Senado de la República tiene hoy en sus manos la posibilidad de detener la profundización de la militarización del país en la que se empeña el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados aprobaran, sin cambio alguno, la iniciativa presidencial para entregar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En caso de que no sea así, todavía existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo sus facultades como uno de los tres poderes de la Unión, revierta esta decisión. Así, aunque el presidente, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias pretenda hacer el cambio de mando, presumiendo el hecho como un logro, la última palabra aún no se ha dicho.
Porque, aunque López Obrador se empeñe en violentar el Estado de Derecho, ninguna reforma legal puede estar por encima de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 21 constitucional establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil…”, de tal manera que pretender entregar el control operativo y administrativo de este cuerpo policiaco a la SEDENA, violenta la Constitución de la República.
En los hechos, es más que evidente que la coordinación de la GN por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será sólo un adorno porque el manejo operativo y de recursos financieros, estará bajo el control de la SEDENA.
Además, conceder atribuciones de investigación e inteligencia a la Guardia Nacional, bajo mando militar, como pretende la iniciativa, constituye una seria amenaza para los derechos humanos.
Se argumenta que con esta iniciativa se busca fortalecer y salvaguardar la disciplina de la Guardia Nacional y que ello ayudará a que sus funciones sean más eficaces, la cuestión es que una medida de esta naturaleza no funcionará en tanto el gobierno federal no entienda que es absolutamente urgente cambiar la fallida estrategia de seguridad pública.
Entregar el control de la Guardia Nacional al Ejército no tiene otro objeto que profundizar la militarización del país y encubrir la fallida estrategia de seguridad pública del gobierno de López Obrador.
A casi cuatro años de la creación de la Guardia Nacional, México enfrenta una grave crisis de seguridad, con niveles de violencia y asesinatos históricos, producto de la impunidad con la que actúa el crimen organizado ante la incapacidad, tolerancia y, en algunos casos, connivencia de las autoridades.
De nada servirá una medida como la que propone el presidente, si él mismo limita la actuación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, defiende a los delincuentes, ordena la liberación de líderes de cárteles y les permite que actúen con absoluta impunidad.
Desde el Partido de la Revolución Democrática nos seguiremos oponiendo a la profundización de la militarización porque implica un grave riesgo para los derechos humanos. La obsesión de López Obrador por entregar no sólo la seguridad sino el control de grandes áreas del gobierno federal y de un porcentaje importante del presupuesto público a las Fuerzas Armadas, atenta contra la integridad y la institucionalidad de éstas, la Constitución de la República y la vida democrática del país.
