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Alto a la masacre de niñas, niños y adolescentes

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Por: Verónica Juárez Piña

Hoy nuestro país, vive una situación de violencia generalizada. Las distintas formas de violencia van desde la física, psicológica, laboral y sexual, y quienes la reciben con mayor frecuencia son las niñas y los niños.

Sabemos que la violencia contra las niñas se padece en su hogar, centros educativos, de asistencia social, deportivos, albergues, hospitales, orfanatos, lugares de culto religioso, centros de tratamientos contra adicciones, entre otros espacios donde interactúan, donde supuestamente deberían encontrar protección y seguridad en su persona.

Lastimosamente, México se enfrenta a un repunte de la violencia que sitúa 2017 como uno de los años más sangrientos en la historia reciente del país, siendo que  hasta el 31 de octubre, se registraron 23.968 asesinatos, donde se incluyen un gran número de feminicidios que han conmocionado al país y que corresponden a niñas.

Sin duda, los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.

Con anterioridad, habíamos denunciado las frecuentes muertes de niñas y niños como resultado de los daños colaterales, encontrando entre ellos; los fuegos cruzados, las balas perdidas o menores de edad que acompañaban a un adulto que fue victimado al igual que la o el menor de edad.  

No es ocioso recordar a los gobiernos estatales y el federal que la violencia y el terror que se vive en México ofende, lastima y duele; las muertes, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados, decapitados, los feminicidios y los feminicidios infantiles son cada día más y no encuentran justicia.

De acuerdo con declaraciones de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en México, cada día son asesinados tres niños y desaparecen otros cuatro, por lo que el Estado no cumple con su obligación de garantizar un proyecto de vida y la dignidad de los casi 40 millones de menores de edad que habitan en el país.

Pérez García demandó al gobierno generar las condiciones para reducir la violencia contra el sector, que ha obligado a que ocho de cada diez familias en el país ya no permitan que los niños, niñas y adolescentes salgan a las calles y parques públicos, limitando así su derecho a la diversión y a hacer una vida comunitaria.

La violencia, asociada a la impunidad y a la descoordinación de los tres niveles de gobierno para combatir estos flagelos, ha generado altos riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones criminales, de homicidios y, en el caso de las mujeres, de feminicidios, entre otros delitos.

De 2015 a julio de 2019, se ha registrado en el país el homicidio doloso de 4 mil 664 niñas, niños y adolescentes, donde ocho de cada diez son varones. En ese mismo periodo se tiene reporte de 3 mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a niñas de cero a 17 años, es decir, uno de cada diez crímenes de género en México es contra una menor de edad.

“La posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países con conflicto armado como Palestina o Siria”, declaró Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de SaveThe Children. 

Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deben desarrollar una estrategia de protección a las y los menores de edad, donde sus voces sean escuchadas. 

Es por estas razones, que el Grupo Parlamentario del PRD presentó en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implemente acciones conducentes a proteger la vida de las niñas, niños y adolescentes del país.

No es un tema menor, de acuerdo con el Artículo 4 de la Constitución de la República, y los tratados internacionales, todos los funcionarios del Estado mexicano están obligados a colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otra prioridad. Exijamos que así sea.

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