Por: Salvador Cosío Gaona
Sin menoscabo de que falta mucho por hacer al seno de la iglesia católica para erradicar vicios, tradiciones y leyes que continúan creando conflicto con diferentes sectores, es también importante reconocer lo que ha estado ocurriendo bajo la égida de Jorge Mario Bergoglio, “El Papa Francisco”, con quien finalmente y siendo el 266º soberano del Vaticano, se ha visto un cambio real y positivo con todas las medidas que ha venido dictando, dando pasos firmes para una verdadera profilaxis, eliminando “las manzanas podridas” que tanto daño han causado tanto al interior como hacia afuera de la propia iglesia. Una de las más importantes normas dictadas de manera reciente fue decretar la abolición del “secreto pontificio”, con lo cual sacerdotes y autoridades eclesiásticas ya no podrán escudarse en esta figura en casos de violencia sexual o abusos de menores cometidos por clérigos sin importar su jerarquía.
La medida le permitirá a la Iglesia católica compartir «denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abuso» con las autoridades civiles que los investigan. Según el corresponsal de la BBC en Roma, Mark Lowen, se trata de «otro paso del Papa para abordar la que posiblemente es la mayor crisis que enfrenta la iglesia católica.
Delante de este conflicto de derechos (la protección de la buena fama contra la protección de la vida de los menores) El Papa Francisco ha decidido que no había duda: primero, la protección de los menores, lo que seguramente animará a más víctimas a denunciar cuando antes habían callado por miedo o por pensar que eran las únicas.
Esto significa que las denuncias, procesos y decisiones atinentes a estos abusos sexuales, no serán protegidas u ocultadas por la cúpula de El Vaticano, en línea con el pronunciamiento del Papa en octubre del 2018 de que “no serán tolerados” estos reprensibles episodios.
“Tanto los abusos como su encubrimiento no pueden ser tolerados, y un trato diferente para los obispos que los cometieron o los encubrieron representa una forma de clericalismo que ya no es aceptable”, proclamó en aquella ocasión.
Desde entonces, ha habido una coherente y marcada orientación papal hacia la denuncia, repudio y castigo de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, que también abarca ahora la pornografía.
En esta última instrucción sobre la suspensión del secreto pontificio o manto de silencio y confidencialidad sobre los abusos sexuales, el Papa ha ordenado endurecer el delito sobre posesión, adquisición o divulgación de material pornográfico de menores de 18 años en que hayan incurrido miembros del clero.
Bajo el pontificando del primer Papa latinoamericano, es que se ha permitido develar la podredumbre al seno de la iglesia, desenmascarando y juzgando a los sacerdotes que cometieron toda clase de abusos. Y una muestra de ello es el reciente reporte dado a conocer por la congregación Los Legionarios de Cristo, que ha reconocido que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales desde su fundación en 1941 hasta mediados de diciembre de este año; flagelos cometidos por 33 sacerdotes contra niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años. De todos los casos se señala que al menos 60 violaciones fueron cometidas por el sacerdote Marcial Maciel, fundador de la congregación más conservadora y una de las más poderosas en el seno de la Iglesia católica.
Las continuas denuncias de casos de sacerdotes pederastas, como este escandaloso ranking de Los Legendarios de Cristo, provocan que mine la confianza y la fe de los católicos en su santa Iglesia, de ahí que se vea como un signo de buena voluntad y como una valiente disposición papal la de dejar de encubrir a quienes abusando de su poder cometieron actos aberrantes en contra de niños y jóvenes.
Monseñor Jesús Castro Marte, quien preside la comisión de la Iglesia Católica que se ocupa de las denuncias contra cleros por delitos sexuales a menores de edad, garantizó que actuarán con transparencia frente a cualquier caso que se presente, luego de la eliminación del denominado “secreto pontificio”, que podía guardar silencio en ese tipo de casos.
El obispo auxiliar de Santo Domingo dijo que desde ya están abiertos para iniciar un proceso con transparencia, porque a partir de la normativa dictada por el papa Francisco el pasado 17 de diciembre del presente año, ya se puede dar curso a cualquier denuncia de esa naturaleza que se haga contra sacerdotes.
Además, precisó que ahora cualquier organismo de investigación que esté indagando un caso y le solicite información, están obligados a darla y no presentar ningún obstáculo ni dificultad.
“Ningún obispo puede recibir denuncia y esconderla. Tenemos que darla a conocer”, señaló en entrevista.
Indicó que se aplicarán los mismos protocolos que la comisión que preside ha puesto en marcha, que se inicia con un proceso de investigación de la persona y luego la presentación ante la curia en Roma, para que determine la decisión, el castigo o la ley que va a aplicar, tras enfatizar que no se puede esconder nada ya, porque no habrá secreto para ese tipo de delitos.
Sostuvo que esa comisión, que se creó hace dos años, solo ha recibido una sola denuncia sobre delitos sexuales contra menores, referente al caso de un sacerdote en Sabana Grande de Boya, que ya está en manos de la justicia.
Se refirió al cura José Altagracia González Rosario, quien fue enviado a prisión preventiva en octubre del 2018 acusado de agresión sexual contra una adolescente.
Aseguró que si le llega una denuncia la presentarán, porque la comisión se creó para que haya tolerancia cero.
“Si nos llega una denuncia por un sacerdote que ha manoseado o ha tocado a un menor de edad, inmediatamente lo procesamos a la parte civil y penal”, indicó.
Recalcó que frente a una denuncia grave tienen que presentarla a la Procuraduría y destacó que ha habido una colaboración con las autoridades del ministerio público para que haya una sanción penal. “Nosotros hemos actuado con transparencia”, aseguró.
Ahora bien, es cierto que la iglesia está actuando tarde, es verdad que el daño está hecho, pero no son menores las medidas que se están tomando, y así como la iglesia está intentando hacer su parte, las autoridades de todas las naciones están obligadas a cumplir con la obligación que les corresponde, es decir, llevarlos ante la justicia a quienes cometieron estos crímenes y que se les juzgue de manera ejemplar en el marco del debido proceso.
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