Por: Salvador Cosío Gaona
La última encuesta nacional “Así van los 32 gobernadores”, de la casa Arias Consultores, arroja calificaciones reprobatorias en todos los rubros para el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien particularmente fue mal calificado en temas de Seguridad y corrupción, la cual revela que los jaliscienses no ven avances en seguridad, no se sienten seguros viviendo en este estado y consideran que ha sido deficiente el combate a la corrupción.
Enrique Alfaro suma ya más de cinco meses de administración sin que haya sido capaz de menguar el gravísimo problema de inseguridad que priva en la entidad. Por el contrario, los índices de la violencia en todas sus variantes han ido a la alza, sin que veamos una estrategia contundente para combatirla.
Siendo ex alcalde de Tlajomulco y Guadalajara no puede argumentar que va llegando al poder, que la culpa es de las administraciones pasadas, que la situación es peor de lo que esperaba o que son ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales porque si alguien conocía la problemática en el tema era él y debió estar preparado con estrategias y proyectos y apoyarse en la gente con los perfiles adecuados; con la credenciales, experiencia y trayectoria para conseguir los resultados esperados en tiempo récord.
El asunto es que urge hacer ajustes en Seguridad sin importar nombres, amiguísimos, trayectorias, recomendados; es menester ponderar las necesidades y reclamos de la gente que exige primordialmente que le devuelvan la tranquilidad de vivir en Jalisco, porque los ciudadanos no pueden seguir siendo presa de la delincuencia.
En el combate a la corrupción la gente ha recibido Informacion que no coincide con lo esperado y es que, probablemente, los niveles de escándalo que alcanzó el tema del programa “A toda máquina”, anunciado por el gobernador con bombo y platillo pero que fue manchado por la sombra de la corrupción provocó amplia desconfianza entre los ciudadanos.
Habrá que recordar que una de las principales promesas de Alfaro Ramírez fue poner atención al campo del estado y resolver el atraso en el que viven muchas comunidades marginadas de la entidad, objetivo por el cual echó a andar el programa ‘A Toda Máquina’, que tiene como principal propósito dignificar a los habitantes de las zonas rurales, dotándolos de maquinaria pesada para multiplicar su producción agrícola y combatir los efectos del cambio climático.
El problema vino cuando el periódico El Diario NTR, entregó una trilogía de publicaciones con encabezados como: “Contratista y Alfaro, juntos en el ‘basquet”, “Revela licitación información turbia”, y “Cercana a los Alfaro abogada ‘licitadora”, develando que hubo una empresa espejo en el concurso por la licitación adjudicada a la compañía de la que es socio el empresario Guillermo Romero Romo, tío del secretario de Administración, es decir, de quien operó la licitación, y que la representante legal de las dosempresas ‘concursantes’ tenía claros lazos de cercanía laboral en el entorno próximo al gobernador.
De acuerdo a la prensa y a las demandas ya presentadas en contra del Gobierno del Estado,
la licitación por 3 mil 600 millones de pesos (la más cuantiosa en lo que va del sexenio), habría estado amañada para favorecer al empresario amigo del gobernador, que como se recuerda, fue aquel personaje que a finales de febrero lo acompañó -durante una gira por California- a presenciar un partido de Los Lakers en el Staples Stadium, y quien habría comprado los boletos para asistir al juego en primera fila, donde es sabido cuestan miles de dólares los asientos de privilegio normalmente reservados para estrellas de Hollywood como Leonardo Di Caprio o Jack Nicholson-, fieles seguidores de los angelinos de la NBA.
El asunto quizá no habría pasado de ser la comidilla de aquella noche cuando los aficionados jaliscienses al básquetbol ubicaron al gobernador en la televisión y subieron capturas de imágenes a las redes sociales, pero a su llegada a Guadalajara, la diputada Mirza Flores, quien formaba parte de la comitiva, declaró a medios de comunicación que el recurso para comprar los boletos para el juego no salió del erario público pues se los había regalado “un empresario tequilero”, y entonces el asunto tomó otra dirección para formar una bola de nieve que ahora lo tiene en medio de una avalancha por lo que parece un conflicto de intereses de grandes dimensiones.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, acudió a la Auditoria Superior del estado, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar que investiguen el proceso de la licitación en mención y exigió se finquen responsabilidades en caso de resultar procedente.
La fracción de Morena en el Congreso local también pidió a las mismas instancias investigar y repetir el proceso de licitación.
En tanto, la empresa Maqcen acudió a la Contraloría para presentar una queja contras las bases de la licitación porque, subrayó, se incumple con la Ley de Disciplina Financiera al otorgar un contrato a partir de 2019 y hasta el 2024 a Operadora de Servicios Mega, sin aval del Congreso local.
Hoy por hoy, hay un tufo que no gusta en este asunto. Un conocido refrán reza que “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, y ya veremos qué se desprende de las investigaciones que se habrán de realizar para deslindar responsabilidades. Ahora bien, también en la vox populi hay un dicho que refiere que “Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato”. Ya veremos.
Otro asunto en el que se presume corrupción de parte del gobierno y que ya ha dado paso a otro proceso legal es el interpuesto por Representantes de talleres mecánicos quienes presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde señalan al gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, por actos de corrupción en la creación del nuevo programa de verificación vehicular.
De acuerdo a El Informador, la actual denuncia es una ampliación de otra que Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares A.C. (ATERV), ya había hecho con anterioridad en contra del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Humberto Graf Montero, Sebastián Gradilla Hernández y José Abraham Espejo Preciado, también de dicha secretaría por haber adelantado las reglas de operación del programa bautizado como «Jalisco Respira» a particulares antes de que fuera aprobada por el Congreso del Estado.
El quejoso dijo tener pruebas para comprobar corrupción y un negocio del gobernador y pidió se le castigue severamente a él y otros involucrados.
@salvadorcosio1