El Juez de Distrito Marco Antonio Fuerte Tapia, revocó el no ejercicio de la acción penal en contra de Enrique Solana, ex presidente de la CONCANACO; Ricardo Navarro, actual vicepresidente del organismo y Virginia Martínez, ex directora de Administración, así como el resto de los implicados, el cual había sido determinado a finales del mes de enero por el Ministerio Público, por lo cual ninguna de estas personas está exonerada del caso Tabletas del INADEM, tal y como lo afirmaron en el mes de marzo a los medios de comunicación.
En la primera Audiencia Pública llevada a cabo por el caso de las Tabletas del INADEM, derivada de la inconformidad de la parte acusadora sobre una supuesta investigación del Ministerio Público, el juez escuchó los argumentos de ambas partes por más de una hora y determinó revocar el no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó la continuación de la investigación.
En su argumentación, el Juez incluso solicitó integrar al expediente un dictamen técnico suficiente que determine si hubo un sobreprecio de las tabletas que haya representado un beneficio económico para los presuntos culpables y un perjuicio para las cámaras de comercio del país y del INADEM.
De igual manera el Juez definió como válidos los argumentos de la parte acusadora en el sentido de que las empresas de Enrique Solana y Juan Carlos Martínez Domínguez, en ese momento presidente y vicepresidente de la CONCANACO respectivamente, no podían participar ni beneficiarse de este programa, ya que ello contraviene las Reglas de Operación del propio INADEM y los estatutos de la CONCANACO.
Al término de la audiencia, Juan Carlos Pérez Góngora, dijo que la determinación del Juez fue totalmente apegada a la ley, da muestras de un verdadero cambio en el sistema judicial mexicano que ya no se ve obligado a proteger a personajes influyentes o con interés específicos, y por ello esta determinación significa un gran avance no sólo para la CONCANACO sino para el país en general.
De igual manera quedó evidenciado, añadió, que la PGR a través del Ministerio Público no había realizado una investigación a fondo de este caso y ha sido objeto de presión por parte de las propias autoridades del INADEM y de la Secretaría de Economía, quienes han “buscado tapar a toda costa los verdaderos hechos del Caso Tabletas”.
Ahora el Ministerio Público deberá hacer su trabajo y consignar ante un Juez, de encontrar que hubo delito, a los implicados por beneficiarse del mismo al participar con sus empresas y aumentar deliberadamente el costo de las tabletas con un beneficio de poco más de 50 millones de pesos.
Cabe recordar que este programa implicó la adquisición de 15,086 tabletas para ser adquiridas por pequeños y medianos comerciantes de todo el país, con un costo de 5,800 pesos por unidad junto con el equipo necesario, cuando el verdadero precio comercial de todo ello debió haber sido de 2,400 pesos por tableta.
Pérez Góngora insistió en que resulta fundamental que el sector empresarial mexicano sea el primero en señalar los actos de corrupción en el que pueden estar implicados los propios miembros del sector privado, ya que “no podemos exigirle a nuestras autoridades que mantengan una conducta alejada de la corrupción cuando nosotros mismos tenemos este tipo de problemas al interior de nuestros organismos”.
Asimismo hizo un llamado a que la propia CONCANACO y sus agremiados le exijan al nuevo presidente del organismo, José Manuel López, que no permita la participación de algunos representantes de la gestión anterior durante su presidencia que inició en el mes de marzo.
