Por: Salvador Cosío Gaona
La inesperada detención de uno de los más prominentes militantes panistas de Jalisco y el congelamiento de cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de la entidad, tienen la marca “Enrique Alfaro Ramírez”, ese estilo amenazador y vengativo que le caracteriza.
Pareciese que se trata de un ardid que no llevará a nadie tras las rejas, pero que como manotazo distractor le puede ser útil momentáneamente para desviar la atención de asuntos como el abusivo incremento a las tarifas del transporte público, el aumento en los principales delitos que afectan a los ciudadanos como homicidios y robo a autos, los sistemáticos ataques contra elementos de la Fiscalía General del Estado, el grave problema de inseguridad que priva en todo el estado e incluso las opacas licitaciones del programa A Toda Máquina e Intermet.
No es menor la señal enviada por el gobernador; la lectura es que ni ex dirigentes estatales ni funcionarios de primer nivel de sexenios anteriores pueden escapar de su látigo amenazador, y no importa a quién le respondan y ni siquiera si han cometido o no ilícito alguno.
Al menos esto último es lo que se presume ocurre con la detención del ex secretario de Educación, Antonio Gloria Morales, acusado de peculado por la adquisición a sobreprecio de la Casa Jalisco en Chicago, en detrimento de las arcas públicas por una cantidad superior a un millón y medio de dólares.
El motivo de la acusación luce poco sólido, de manera que además de otorgar el beneficio de la duda, y preservar la presunción de inocencia, sería importante hurgar en cuanto a la posibilidad de error o posible acción inadecuada en su contra tanto por parte de la Contraloría del Estado como por la Fiscalía Estatal, toda vez que, a través de personeros del indiciado han surgido datos que señalan que, si acaso la imputación fue por sus posibles intervenciones en calidad de Coordinador General de Políticas Públicas (pues fue además Secretario de Educación) podría no existir condición por la que legalmente pueda estar siendo imputado en el tema de la presunta compra-venta fraudulenta del edificio adquirido en la administración del ex gobernador Emilio González Márquez.
Entre las inconsistencias del caso, se menciona que Gloria Morales no participó en la compra del inmueble, y tampoco era consejero del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), el órgano que adquirió el inmueble, por lo que no firmó documento alguno en la mencionada transacción.
Algunos medios incluso han señalado que no queda claro en qué consiste la acusación. Por ello se hace indispensable se establezca en razón de qué es la imputación; si es por su condición de coordinador de políticas públicas, que se motive y fundamente su intervención, si además hay o hubo la comprobación del daño, y si no es que sea como se ha venido señalando que hay otros responsables entre ellos quien presidió el Consejo de Jaltrade, quien dirigió el organismo y quienes participaron en las áreas de decisión correspondientes y que llevaron adelante la aprobación por su firma y la operación de las actividades que se señalan como inadecuadas.
Lo que si habrá de resaltar es que se esté procurando avanzar en el tema anticorrupción, y en este contexto esperamos que así como se ha cumplimentado esta acción en contra de Gloria Morales, se dé igual tramite a las múltiples denuncias interpuestas en la misma época que ésta y que pesan en contra de Emilio González Márquez y gente de su gabinete, (por los delitos de peculado, cohecho, fraude y delitos en contra del medio ambiente en la edificación de La Villa Panamericana, así como por el uso de recursos públicos para negocios privados y turbias maniobras para favorecer a constructores), las cuales guardaron el sueño de los justos siendo Tomas Coronado Olmos el entonces Procurador de Justicia en el sexenio de Gonzalez Márquez y posteriormente Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el Fiscal General, -gente de Emilio- en el Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.
La señal que ha lanzado Alfaro es contundente, pero sus declaraciones en medios de comunicación lo son aún más, principalmente en el caso del congelamiento de cuentas a tres Magistrados de Jalisco. El gobernador ha dicho que es el comienzo de los trabajos de la mesa de coordinación que ordenó instalar el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, y advirtió que van por más juzgadores porque este es apenas el inicio de un proceso largo para poner en su lugar a quienes durante tantos años abusaron de sus puestos como impartidores de justicia y que aunque se digan ofendidos fueron ellos quienes ofendieron a la ciudad con sus resoluciones y tendrán que pagar las consecuencias.
Envalentonado y amenazante, agregó que hay más nombres de personajes que se estarían investigando, ademas de los Magistrados Alberto Barba y Armando García Estrada del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de Celso Rodríguez, del Supremo Tribunal de Justicia.
Los tres magistrados han tenido diferencias severas con el Ejecutivo jalisciense en razón de conductas propias de su desempeño como impartidores de justicia.
Los tres han sido cuestionados duramente por Alfaro, por funcionarios de su administración y por alcaldes emanados de su propio partido como el de Zapopan, Pablo Lemus, quienes han estado tachando de inadecuadas muchas sentencias o resoluciones judiciales, cuando lo procedente para combatir ese tipo de acciones son los procesos y los medios de impugnación y no las declaraciones a la prensa.
Al igual que en el caso de Antonio Gloria Morales, sin prejuiciar en lo absoluto sobre lo que puedan tener de responsabilidad o no los magistrados, porque incluso no se conoce cuáles son los ilícitos de que provendrían esas acciones preeliminares cautelares de congelamiento de cuentas, es procedente concederles el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, y exigir a ambas partes, tanto a quien acusa, que está obligado a probar y a desahogar un procedimiento justo, y a los que se señalan como indiciados o imputados exigirles también que por su calidad de magistrados encargados de impartir justicia deban defenderse y esgrimir en su favor lo que así corresponda y que esté a su alcance para que pueda quedar claro la carencia de una responsabilidad en su contra o de ser así respondan los procedimientos legales correspondientes.
Y no está demás recordar que tiene que haber una actuación completa y cabal para todo asunto. Que así como ahora se están señalando estas posibles acciones ilícitas, -porque no están todavía en el término de la certidumbre-, no se olvide que hay asuntos turbios que siguen pululando como el tema del programa A Toda Máquina, sobre el que pesan denuncias contra el Gobierno de Alfaro por presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses, y el tema de Intermet, donde el mismo gobierno habría manipulado licitaciones para favorecer al denominado Cartel de la Sangre.
¿A qué le teme Enrique Alfaro? Hay quien dice que precisamente son estos temas los que lo tienen nervioso y que incluso uno de los magistrados en mención es quien podría causarle serios problemas en el tema del multimillonario contrato que su Gobierno entregó al empresario Guillermo Romo, por lo que el gobernador estaría anticipándose para evitar alguna acción en su contra. Lo cierto es que los magistrados se van a defender con todos los elementos a su alcance y como ya amagó el magistrado Armando Garcia Estrada “para bien o para mal” tiene muchas información”, así que habrá que estar atentos a la lucha que darán tanto Gloria Morales como los tres magistrados.
@salvadorcosio1
