Dos comunicadores enfrentan una denuncia penal tras intervenir en un presunto caso de maltrato animal en la Ciudad de México. El hecho ha generado debate sobre los límites legales del activismo ciudadano y la protección animal.
El pasado fin de semana, los periodistas Laura Sánchez y Óscar Balmen reportaron en redes sociales el rescate de un perro de raza Husky, identificado como “Apolo”, que presuntamente se encontraba en condiciones de hacinamiento y abandono en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco.
Usuarios en la red social X difundieron imágenes del can, señalando que llevaba varios días sin alimento ni atención. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) acudió al lugar, pero únicamente colocó una notificación en la puerta del inmueble, sin ejecutar acciones inmediatas.
Ante la aparente omisión institucional, los periodistas decidieron intervenir y retiraron al animal del predio. Según sus publicaciones, en el lugar había al menos otros tres perros en condiciones similares. Apolo fue entregado a una activista para su resguardo, sin revelar su ubicación por motivos de seguridad.
⚖️ Aparición del propietario y denuncia penal
El lunes, Sánchez informó que el presunto dueño del perro se presentó ante las autoridades y los denunció por delitos como allanamiento de morada y asociación delictuosa. “Muy triste empezar un proceso que será desgastante”, escribió la periodista en su cuenta de X.
Hasta el momento, ni la PAOT ni la Fiscalía General de Justicia capitalina han emitido una postura oficial sobre el caso.
El incidente ha reavivado la discusión sobre el papel de la ciudadanía en la protección animal, así como los vacíos legales que enfrentan quienes actúan ante situaciones de maltrato. Mientras algunos sectores defienden la acción como legítima ante la inacción institucional, otros advierten sobre las implicaciones jurídicas de intervenir en propiedad privada.
