Tepoztlán, Morelos — En una asamblea general cargada de tensión y reclamos, comuneros de Tepoztlán presentaron una solicitud formal para iniciar un juicio de restitución sobre las tierras del valle de Atongo, actualmente ocupadas por el senador Gerardo Fernández Noroña. La petición busca revertir la posesión del predio, adquirido por el legislador por 12 millones de pesos, y devolverlo a la comunidad.
La solicitud fue encabezada por Rubén Tapia Gama, abogado agrarista y comunero avecindado con más de 27 años de residencia en el municipio. Durante la sesión, Tapia exhibió un video en el que Noroña se refiere de manera despectiva a él y a otros comuneros, lo que intensificó el reclamo por la restitución. “Aquí lo que corresponde es que se determine que este señor prepotente y corrupto se vaya de este pueblo, porque está dañando la imagen de Tepoztlán”, declaró ante los asistentes.
Tapia también denunció irregularidades en la adquisición del terreno, señalando que los documentos presentados por el senador no tienen validez en el régimen comunal. “Ya lo propuse, pero vamos a seguir, vamos a denunciarlo”, afirmó, subrayando que la definición del procedimiento quedará en manos del nuevo comité comunal, cuya elección está prevista para finales de octubre.
El presidente del comisariado, Félix Cuevas Medina, aclaró que el tema no fue sometido a votación y que corresponde a la próxima administración decidir su curso. Por su parte, Carlos Rojas Almazán, abogado del comisariado, indicó que el asunto será incluido en el orden del día de la nueva gestión, y que se espera que el senador acuda a la asamblea para presentar su versión sobre la propiedad.
Durante la sesión, se aprobaron restricciones para la prensa, incluyendo la prohibición de fotografías y videos, propuesta por la secretaria del comisariado, Celia Alvarado Morales, debido a la sensibilidad del tema. Algunos comuneros expresaron su desacuerdo, especialmente ante la exposición del caso relacionado con Noroña.
Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron intentos de diálogo por parte de autoridades federales para desactivar el conflicto, aunque los comuneros negaron cualquier comunicación externa no acordada en asamblea.
La controversia revive tensiones históricas en Tepoztlán sobre la defensa de tierras comunales, en un contexto donde la legalidad, la representación comunitaria y el poder político se enfrentan en un terreno que va más allá de lo jurídico: el de la identidad territorial.
