Por: Yuri Guzmán
La desaparición de personas en México es una herida abierta que continúa sangrando, y la cifra que ha alcanzado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con más de 133 mil registros, es un reflejo contundente de una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Cada número representa una historia, un rostro, una familia que vive en la incertidumbre, en la desesperanza y en el dolor constante de no saber qué le ocurrió a su ser querido. El fin de semana, en muchas ciudades del país, las calles se llenaron de marchas y manifestaciones que clamaban justicia y respuestas, evidenciando que la sociedad está harta de la indiferencia y la inacción de las autoridades.
Es alarmante que, ante una problemática tan grave, la fiscalías todas no le den la importancia que merece. Tan solo como ejemplo, en Jalisco de acuerdo a lo que han consignado los medios de comunicación, la Fiscalía Especializada en Desapariciones enfrenta falta de personal, lo que limita su capacidad de actuar con eficacia.
La respuesta oficial, que se justifica en la falta de presupuesto, resulta insostenible y, en muchos sentidos, inhumana. El gobierno destina millones de pesos para eventos como el Mundial de Futbol, la prioridad parece estar en el entretenimiento y la proyección internacional, en lugar de proteger a sus propios ciudadanos y garantizar justicia para las víctimas de desapariciones forzadas, violencia y crimen organizado.
La falta de recursos en las fiscalías no solo retrasa las investigaciones, sino que también envía un mensaje de desinterés y desdén hacia las familias afectadas. La angustia de no saber qué le pasó a un ser querido, de vivir en la incertidumbre día tras día, es una carga que desgasta el alma y la esperanza. La impunidad y la falta de acciones concretas alimentan un ciclo de desesperanza que solo se puede romper con voluntad política, inversión en instituciones y, sobre todo, empatía genuina hacia las víctimas y sus familias.
Es fundamental entender que detrás de cada cifra hay una historia humana, una vida truncada, un dolor que no se cura con estadísticas. La sociedad, en su mayoría, ha mostrado una gran sensibilidad y solidaridad en las calles, pero también requiere que las autoridades asuman su responsabilidad con mayor compromiso y sensibilidad. La justicia y la protección de los derechos humanos no son negociables; son la base de una sociedad digna y justa.
En conclusión, la crisis de desapariciones en México exige una respuesta integral, urgente y humana. No podemos seguir permitiendo que la indiferencia y la falta de recursos sigan cobrando vidas y desgarrando corazones. La memoria de quienes han desaparecido y la esperanza de sus familias deben ser la prioridad del Estado, que tiene la obligación moral y legal de actuar con empatía, eficiencia y justicia. Solo así podremos avanzar hacia un país donde la desaparición no sea una sentencia de muerte en la sombra, sino un capítulo cerrado en la historia de una nación que busca sanar sus heridas y construir un futuro de paz y respeto.
