El caso conocido como la “Manada de Campeche” continúa generando controversia a medida que, en los últimos días, dos nuevas jóvenes denunciaron que sufrieron abusos a manos de los mismos tres presuntos agresores, ya acusados en el ataque reportado por Susana Saravia.
Rosa “N” denunció públicamente que Yeshua “N” fue particularmente insistente en mantener relaciones sexuales, una insistencia que rozó el acoso mientras ella asistía a reuniones en casas de los presuntos agresores. Según su testimonio, estos muchachos pertenecían a un grupo de amistades en el que hacían apuestas: ganaba quien tuviera relaciones sexuales primero con las mujeres que tenían en la mira.
El arraigo del modus operandi violento del grupo quedó al descubierto: se estima que había al menos seis agresores vinculados entre sí, todos estudiantes de la Preparatoria Ermilo Sandoval Campos, aunque solo tres—Yeshua, Ángel y Jorge—figuran oficialmente como sospechosos. Las autoridades no han identificado al resto.
Una ola de testimonios que revela un problema estructural
Tras la difusión del caso de Susana, al menos siete mujeres más se han acercado para relatar experiencias similares de presunto abuso por parte del mismo grupo de jóvenes. Muchas de ellas se abstuvieron de denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
Citlalli Hernández, secretaria estatal de las Mujeres, contactó a la familia de Susana con el compromiso de dar seguimiento al caso. Sin embargo, ya transcurrieron más de 30 días desde el ataque y la Fiscalía aún no ha detenido a los dos presuntos agresores restantes.
El caso, en la mira nacional
Susana Saravia, de 22 años y estudiante de Derecho, fue la primera en romper el silencio. Denunció públicamente el ataque que sufrió el 31 de marzo de 2025, lo que provocó la emisión de tres órdenes de aprehensión. Hasta ahora, sólo Ángel “N” ha sido detenido y vinculado a proceso; Yeshua y Jorge siguen prófugos.
Su madre, Liz Rodríguez, ha denunciado presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía General de Campeche (FGECAM), como filtraciones que alertaron a los acusados para evadir responsabilidades, y posibles intentos de soborno para anular la denuncia. Se ofreció a Susana dinero, coche o casa si desistía de la acusación.
La madre de Susana ha sido enfática al reclamar justicias no solo para su hija, sino para todas las víctimas que, aún hoy, no han recibido ninguna atención efectiva. Reclama la detención inmediata de los dos acusados que están prófugos y una investigación clara que incluya todos los testimonios y evite que el caso sea un carpetazo más. Denuncia también la falta de respuesta de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaría de Gobierno, quienes no han ofrecido declaraciones públicas ni medidas concretas.
