El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la firma de una orden ejecutiva que busca agilizar la remoción de personas sin vivienda de las calles y su traslado a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento. La medida, que ha generado diversas reacciones, apunta a priorizar la seguridad pública en el abordaje de la problemática de las personas en situación de calle.
La orden, titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”, instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a tomar acciones legales que revocarán ciertos precedentes judiciales y decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para gestionar el desplazamiento y tratamiento de las personas sin hogar. Además, pide facilitar el internamiento civil de individuos con enfermedades mentales que puedan representar un riesgo para sí mismos o para otros, incluso sin su consentimiento formal.
El gobierno justificó la medida señalando que “el traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia permitirá un trato humano y contribuirá a restablecer el orden público”. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles expresaron preocupación por los posibles impactos en la privacidad y los derechos de las personas afectadas.
Por otra parte, la orden también establece que las agencias federales prioricen subvenciones para aquellos estados y ciudades que refuercen las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas, el acampado en zonas urbanas y el comportamiento demerodeo en espacios públicos. Además, solicita una recopilación de datos a nivel federal sobre las personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que ha generado inquietudes respecto a la vigilancia y el uso de esa información para justificar políticas de criminalización.
Críticos, como Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, señalaron que esta orden refleja un enfoque que podría vulnerar derechos fundamentales. “Encarcelar y forzar tratamiento a personas vulnerables no resolverá el problema de la falta de vivienda, sino que perpetuará un ciclo de criminalización y vulneración”, afirmó.
La medida llega en un contexto en el que las cifras oficiales indican que en una sola noche del 2024, más de 274,000 personas vivían en situación de calle en EE.UU., alcanzando la cifra más alta registrada hasta la fecha. La administración de Trump ha justificado estas acciones como parte de un esfuerzo por reducir el desorden y la delincuencia en las calles, pero las críticas apuntan a que podrían agravar las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad y limitar sus derechos fundamentales.
