La Universidad de Columbia anunció este martes la aplicación de sanciones disciplinarias a un grupo de estudiantes que participaron en manifestaciones relacionadas con la causa palestina en el campus durante el año pasado. Las acciones, que incluyen suspensiones y expulsiones, se producen en un contexto de tensiones institucionales y políticas en torno a la gestión de las protestas y la financiación federal.
Según comunicó la institución del Ivy League, aproximadamente 80 estudiantes habrían sido notificados de sanciones que van desde la suspensión por uno a tres años hasta la expulsión definitiva. Las medidas fueron dictadas por un consejo judicial universitario y también contemplan la imposición de permanencia condicionada y la revocación de títulos, detalló la universidad en su declaración oficial.
Estos acontecimientos coinciden con un proceso en curso en el que Columbia negocia con el gobierno del expresidente Donald Trump para recuperar fondos federales que fueron retenidos en marzo pasado. La administración federal justificó la suspensión de dichas subvenciones por la supuesta incapacidad de la universidad para controlar incidentes relacionados con el antisemitismo en el campus durante el conflicto en Gaza.
En respuesta, la universidad ha implementado cambios en su política interna, incluyendo una reforma de sus procedimientos disciplinarios y la adopción de una definición más estricta de antisemitismo. La institución afirmó que su objetivo es mantener un ambiente académico que fomente el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas institucionales, considerando las interrupciones en actividades académicas como violaciones que conllevan consecuencias.
Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de los estudiantes sancionados. La universidad también informó que, en mayo pasado, anunció la reducción de su personal y la limitación de actividades investigativas como resultado de la pérdida de fondos federales, afectando aproximadamente al 20% de los empleados financiados por dichas subvenciones.
Activistas estudiantiles han expresado que las sanciones recientes podrían superar las medidas disciplinarias habituales por protestas previas. Algunos estudiantes suspendidos estarían en la obligación de ofrecer disculpas para poder ser readmitidos, una condición que, según sus representantes, algunos podrían rechazar, manteniendo su postura de resistencia.
El movimiento estudiantil pro palestina en Columbia ha sido activo, destacando por su participación en protestas y ocupaciones en abril, que derivaron en arrestos y una movilización a nivel nacional. La tensión en el campus refleja las controversias que enfrentan muchas instituciones académicas en torno a las expresiones políticas y la gestión de las manifestaciones relacionadas con conflictos internacionales.
Por su parte, la situación judicial de algunos activistas, como Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado y residente legal en EE. UU., ha generado atención adicional. Khalil interpuso una demanda contra el gobierno federal, alegando detención y procesamiento indebido tras su participación en las protestas, en un caso que refleja las complejidades legales en torno a la libertad de expresión y la seguridad en contextos de conflicto.
La situación en Columbia continúa siendo un ejemplo de las tensiones entre la libertad académica, la seguridad institucional y las presiones políticas en el ámbito universitario.
