La Justicia argentina dictaminó este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en una causa que lo investiga por presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de seguros estatales durante su gestión. La investigación se centra en posibles beneficios otorgados al marido de su secretaria privada en el marco de estos contratos.
El juez Sebastián Casanello imputó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, tipificado en el Código Penal argentino y penado con prisión de uno a seis años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además del exmandatario, otras 33 personas fueron procesadas en esta causa.
Según el fallo, Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada de Fernández, habría sido favorecido mediante un decreto publicado en 2021, el cual, con la firma del expresidente, autorizaba a entidades públicas a contratar los servicios de Nación Seguros, una firma del Estado Banco Nación.
El magistrado también ordenó el embargo de bienes a Fernández por un monto de aproximadamente 14,6 mil millones de pesos argentinos (unos 11.65 millones de dólares). En la misma causa, Cantero fue procesada por negociaciones incompatibles y incumplimiento de deberes de funcionaria, mientras que Martínez Sosa y Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, enfrentan cargos por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta agravada, respectivamente.
La imputación contra Fernández se formalizó en febrero de 2024, a partir de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien acusó al exmandatario de violar deberes públicos, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. La denuncia se centró en el decreto 831, firmado en diciembre de 2021, que ordenó que todos los organismos públicos contrataran seguros con Nación Seguros, beneficiando a intermediarios vinculados a Fernández mediante el cobro de altas comisiones.
Esta investigación refleja las dificultades del sistema judicial argentino para esclarecer posibles irregularidades en la gestión pública relacionada con contratos estatales.
Información de Aristegui Noticias.
