Mientras el Poder Legislativo del estado analiza modificaciones en el marco jurídico que regulan la actividad inmobiliaria, AMPI Guadalajara continúa fortaleciendo la capacitación de sus asociados y profesionales interesados en obtener la certificación oficial. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la capital jalisciense anunció el inicio de su segundo diplomado de certificación, previsto para el próximo 12 de julio.
El vicepresidente de la organización, Jahaziel Castañeda González, precisó que la capacitación, que se desarrollará de manera virtual y tendrá una duración de 60 horas, busca que los participantes adquieran conocimientos alineados a la reciente Ley para el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria en Jalisco. La iniciativa cuenta con la acreditación de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del Estado, que reconoce a AMPI Guadalajara como entidad capacitadora en esta materia.
Durante el diplomado, se abordarán temas desde conceptos básicos como clasificación de inmuebles, destinos, usos y funcionamiento del mercado inmobiliario, hasta aspectos especializados relacionados con la normatividad vigente, obligaciones fiscales, procesos notariales y el registro en el Registro Público de la Propiedad. Además, se incluirán contenidos sobre promoción inmobiliaria, integración de expedientes y tipos de contratos utilizados en las transacciones.
Castañeda González destacó que la formación busca contribuir a reducir los riesgos de fraudes y suplantaciones en el sector, facilitando un entorno más transparente y confiable para los usuarios. «El objetivo es que los profesionales puedan ofrecer un servicio formal, con garantías y certeza jurídica, fortaleciendo la confianza en el gremio», afirmó.
Por otra parte, el vicepresidente reiteró la importancia de que la legislación estatal contemple la obligatoriedad de la certificación y el registro de los profesionales inmobiliarios. Actualmente, en Jalisco existen más de 45 mil personas registradas en actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios y alquileres, pero muchas operan sin documentación formal, lo que genera riesgos para los usuarios y limita la protección legal.
Finalmente, Castañeda González hizo un llamado a los legisladores para que la ley incluya mecanismos de supervisión efectiva y garantice que todos los agentes inmobiliarios cumplan con los requisitos necesarios para operar de manera legal y segura.
