Por: Yuri Guzmán
La realidad que enfrenta México en materia de maternidad infantil es alarmante y exige una reflexión profunda desde diferentes aristas de nuestra sociedad. Con un promedio de 21.8 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años que se convierten en madres cada día, estamos frente a una problemática que trasciende la salud pública y evidencia fallas estructurales en la protección de los derechos de la infancia, la educación y la justicia social.
Desde una perspectiva estadística, los datos oficiales de la Secretaría de Salud revelan que en 2024 se registraron 7 mil 975 nacimientos en niñas menores de 15 años, concentrados principalmente en estados como Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. Estas regiones, que representan aproximadamente el 40% de los casos, reflejan desigualdades sociales, económicas y culturales que favorecen la normalización de prácticas dañinas, como el matrimonio infantil y la violencia sexual. La existencia de estos fenómenos en comunidades donde la venta, el uso del alcohol y las tradiciones arraigadas son parte de la cotidianeidad, evidencia que las causas tienen raíces profundas en las estructuras sociales y culturales.
Como sociedad, tenemos una responsabilidad compartida. Los padres de familia, en particular, desempeñan un papel crucial en la formación de las niñas, en la transmisión de valores y en la protección contra riesgos. Sin embargo, en muchos casos, las propias familias y comunidades están inmersas en prácticas que favorecen o toleran el matrimonio infantil, incluso justificándolas como parte de sus usos y costumbres. La normalización de estos matrimonios, en ocasiones, perpetúa la vulnerabilidad de las menores ante abusos sexuales, muchas veces silenciados por temor, prejuicios o falta de acceso a la justicia.
Es indispensable que las instituciones gubernamentales refuercen los mecanismos de protección y prevención. La educación integral en derechos humanos, salud sexual y reproductiva, así como campañas de sensibilización, son fundamentales para cambiar percepciones y actitudes arraigadas. Además, la aplicación efectiva de la ley, sancionando a quienes promueven o toleran estos matrimonios precoces, es un paso ineludible para erradicar esta problemática.
Desde la comunidad, se requiere promover un cambio cultural que valore y proteja a las niñas, garantizando su acceso a la educación, salud y oportunidades de desarrollo. La participación activa de organizaciones civiles, líderes comunitarios y religiosos puede facilitar la transformación social necesaria para desafiar las tradiciones que perpetúan la violencia y la vulnerabilidad.
México enfrenta un reto que demanda una acción coordinada, integral y sostenida. No basta con observar los datos; es necesario actuar con sensibilidad, justicia y determinación. La protección de los derechos de las niñas y adolescentes no solo es una responsabilidad legal, sino un compromiso moral de toda la sociedad para construir un futuro más justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos. Solo así podremos aspirar a un país en el que ninguna menor tenga que enfrentar la maternidad en condiciones precarias, y donde las generaciones futuras puedan crecer en entornos seguros y libres de violencia.
