Por: Carlos E. Martínez Villaseñor
La migración se ha consolidado como uno de los fenómenos humanos y políticos más complejos del siglo XXI. En este escenario, México y particularmente Jalisco, juega un papel triple: como lugar de origen, punto de tránsito y espacio de retorno. Lo que alguna vez fue considerado un fenómeno cíclico, hoy se vive como una constante que redefine comunidades, fractura familias y exige a los gobiernos respuestas más allá de discursos. Apenas el pasado fin de semana, el Presidente Donald Trump, en un movimiento inesperado, anunció un permiso provisional para trabajadores migrantes en hoteles y granjas, de los Estados Unidos. Aunque aún sin marco legal, el planteamiento busca dar estabilidad a miles de migrantes que, pese a su estatus irregular, sostienen sectores clave de la economía estadounidense.
Trump, quién había reanudado las redadas tras pausarlas brevemente, por órdenes judiciales promovidas, abrió la posibilidad de una regularización temporal y específica, condicionada a años de trabajo comprobado, la ausencia de antecedentes penales y la responsabilidad directa del empleador. El anuncio llega en un contexto de urgencia laboral; empresas agroindustriales en California, Arizona y Texas han reportado hasta un 70 % de deserción forzada por redadas, o miedo a la deportación. El gobierno norteamericano, presionado por la pérdida de mano de obra, parece haber entendido lo que desde hace años grita la estadística, sin trabajadores migrantes, hay sectores que simplemente no pueden operar.
Mientras tanto, en Jalisco, la realidad de la migración se refleja en los números. Entre enero y los primeros días de junio de 2025, fueron deportados 2 ,119 jaliscienses desde Estados Unidos. Esta cifra, aunque es elevada, representa una disminución del 48 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando sumaron 4,246 repatriaciones. El descenso, sin embargo, no es necesariamente sinónimo de mejora. Puede deberse tanto a una menor captura, como a estrategias evasivas más eficaces por parte de los migrantes. El perfil del deportado es claro, en el 88 % de los casos se trata de hombres jóvenes, jaliscienses que partieron por falta de oportunidades o por presión familiar. Municipios como Huejuquilla el Alto, Teocaltiche, Yahualica o San Juan de los Lagos, siguen encabezando las listas de expulsión silenciosa, mientras los gobiernos locales apenas comienzan a reaccionar.
Y es que, a pesar de contar con programas como el chatbot “Yo Jalisco”, la Ventanilla Digital o la Casa Jalisco en Estados Unidos, el apoyo real a los repatriados sigue siendo mínimo. Basta un dato para ilustrarlo; en lo que va del año, solo una persona deportada ha solicitado formalmente ayuda al gobierno estatal. Uno entre miles. Desde la esfera federal, el gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a mover fichas. A mediados de junio, propuso al Presidente Trump un acuerdo general en materia de migración, comercio y seguridad que contemple respeto mutuo, protección consular y la regularización de trabajadores migrantes. Además, pidió formalmente a Estados Unidos detener las redadas violentas, exigiendo una política migratoria digna y una reforma integral que priorice los derechos humanos.
También se ha implementado una estrategia concreta: “el Modelo Mexicano de Movilidad Humana”, impulsado por la entonces canciller Alicia Bárcena y respaldado por la Presidenta, con una inversión inicial de 133 millones de dólares. Esta política incluye rutas seguras, centros de atención fronteriza en Chiapas, y ha logrado (según cifras de la Secretaría de Gobernación) una reducción del 66 % en cruces irregulares y del 77 % en detenciones migratorias entre enero y abril de este año. Estas acciones, si bien importantes, aún no aterrizan en lo local.
El gobernador Pablo Lemus enfrenta un dilema claro: o construye una política migratoria sólida desde lo estatal, o deja pasar de nuevo el fenómeno como algo lejano, “de competencia federal”. Pero la migración toca directamente a Jalisco. Lo hace cuando las familias se fragmentan, cuando los menores quedan al cuidado de terceros, cuando la remesa sustituye a la presencia y cuando el retorno se convierte en desempleo, incertidumbre y desarraigo. La reciente propuesta del “permiso provisional” en EE.UU. abre también una puerta de oportunidad.
Desde Jalisco debe establecerse un sistema ágil de información, acompañamiento legal y reintegración productiva, para quienes puedan aplicar y para quienes eventualmente decidan regresar. La coordinación con consulados, organizaciones civiles y sectores empresariales será fundamental si se quiere dejar atrás la improvisación. La migración no es una cifra, ni una estadística fría, es un proceso profundamente humano. Detrás de cada repatriado hay una historia de riesgo, esperanza o frustración. Hoy más que nunca, se requiere una política migratoria práctica que entienda eso, que deje de criminalizar al que parte y comience a dignificar al que regresa. El reto está planteado, fomentar el empleo digno, y mejores oportunidades laborales.
El gobierno federal y estatal, deberán decidir si serán actores o espectadores. Porque la pregunta sigue sin respuesta, pero con más urgencia que nunca: ¿Quién migra por gusto, y quién migra porque ya no tiene otra opción?
