El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la imposición de multas que superan los 31 millones de pesos a diversos partidos políticos, derivadas de irregularidades detectadas en el pago de impuestos y contribuciones sociales. La sanción es resultado de una auditoría especial realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que revisó la situación fiscal de las fuerzas políticas en el país.
Entre los partidos con mayores sanciones figuran el Partido del Trabajo (PT), con multas por aproximadamente 13.3 millones de pesos, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con cerca de 12 millones. La dirigencia del PRI anunció su intención de impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando desacuerdo con el procedimiento de la fiscalización.
El análisis fiscal abarcó a un universo de 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, incluyendo siete fuerzas nacionales, 224 con acreditación local y 84 partidos a nivel estatal. La auditoría detectó saldos pendientes de pago, pagos no registrados y discrepancias en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social correspondientes a los ejercicios 2022 y anteriores. La UTF solicitó información a las autoridades fiscales, de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades del país para verificar el estado de dichas obligaciones.
Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que los hallazgos incluyen saldos no enterados, pagos no reflejados y otras irregularidades relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales, lo que motivó las sanciones. La funcionaria agregó que esta auditoría especial, que se encontraba pendiente desde la creación del INE en 2014, busca verificar la existencia y vigencia de los adeudos fiscales, así como el cumplimiento en la retención y entero del impuesto sobre la renta, el IVA y las cuotas de seguridad social.
Humphrey precisó que, aunque la revisión se centra en las finanzas de los partidos, la responsabilidad de verificar los créditos fiscales recae en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, en casos en los que los recursos públicos son utilizados para financiamiento político, el INE tiene la facultad de señalar las irregularidades a las autoridades fiscales, en particular cuando los partidos no están al día con sus obligaciones tributarias.
El INE aclaró que las sanciones no corresponden a la imposición por pagar impuestos, sino a la existencia de cuentas por pagar no solventadas y al uso de recursos públicos sin el debido cumplimiento fiscal, lo cual constituye un financiamiento ilícito.
La auditoría forma parte de los esfuerzos del órgano electoral por garantizar la transparencia en el financiamiento de las fuerzas políticas y fortalecer los mecanismos de fiscalización en el sistema democrático mexicano.
