El Congreso de Michoacán aprobó este miércoles, por mayoría de votos, una serie de reformas al Código Penal que tipifican la apología del delito, decisión que ha generado rechazo y preocupación entre defensores de la libertad de expresión y organizaciones civiles. La modificación legal, que incluye la incorporación de nuevos artículos y un capítulo específico, ha sido considerada por críticos como ambiguo y susceptible de ser utilizado para limitar la crítica social y política.
La aprobación se dio en medio de protestas encabezadas por el colectivo periodístico Ni Uno Más Michoacán, que acusó a la reforma de representar una amenaza grave a la libertad de expresión, la crítica pública, la organización ciudadana y la participación política. Los periodistas, que rechazaron categóricamente el dictamen, exigieron su retirada del orden del día y una consulta pública mediante parlamento abierto, compromisos que, según denunciaron, no fueron cumplidos por las autoridades legislativas.
En un pronunciamiento posterior a la sesión, el colectivo anunció que emprenderá acciones legales para impugnar la reforma, argumentando que contraviene principios constitucionales, estándares internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. La organización sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni la expresión, reiterando que la libertad de expresión es un derecho que debe ser defendido sin restricciones indebidas.
El cambio legislativo, que añade la fracción IX al artículo 24, además de los artículos 163 quinquies y un nuevo Capítulo VII titulado “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, fue criticado por su ambigüedad y su posible uso para vigilar, sancionar o inhibir ideas, disenso social y político. En particular, se alertó sobre la vaguedad de términos como “ideas”, “argumentos”, “cualquier medio” y “promoción”, que dejan al arbitrio de autoridades judiciales la interpretación de cuándo una expresión puede constituir un delito.
A pesar de que la Legislatura intentó limitar la protección a periodistas mediante una adición que permite eximir de responsabilidad a quienes informen en ejercicio de su profesión, dicha excepción fue calificada como insuficiente y ambigua. La organización advirtió que esta redacción restringe la protección del derecho a la libertad de expresión a la información tradicional, excluyendo otras formas legítimas como el arte, la sátira, la denuncia, la protesta y la memoria, que también son esenciales para la democracia.
Asimismo, se denunció que el proceso legislativo fue opaco y apresurado, sin convocatoria pública ni participación de expertos en derechos humanos, comunicación o libertad de expresión, pese a los compromisos de los coordinadores parlamentarios en ese sentido. La falta de un debate técnico y público genera preocupación respecto a la legitimidad de la reforma y su impacto social.
Por último, los periodistas rechazaron las justificaciones oficiales que intentaron vincular la reforma con la lucha contra la apología del delito en narcocorridos, aclarando que no defienden discursos que glorifican la violencia, sino que buscan evitar la censura y proteger derechos fundamentales. La protesta culminó en la negativa de los colectivos a participar en reuniones exprés con los legisladores, demandando un análisis profundo y participativo del marco legal.
Con estas acciones, organizaciones y periodistas buscan alertar sobre los riesgos de una legislación que podría limitar derechos fundamentales, y llaman a una revisión rigurosa y plural del proceso y del contenido de las reformas aprobadas en Michoacán.
Con información de Proceso.
