Un grupo de más de 200 magistrados y jueces federales de circuito y de distrito presentó este martes un recurso formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para reclamar el pago de indemnizaciones correspondientes a su despido, derivado de la reciente elección judicial programada para el próximo domingo 1 de junio. La acción busca proteger sus derechos constitucionales en medio de un contexto de controversia por las recientes reformas y cambios en el sistema judicial mexicano.
En un comunicado conjunto, los profesionales del derecho expresaron su preocupación por la supuesta transferencia ilegal de fondos destinados a cubrir dichas indemnizaciones, argumentando que estas operaciones violan las disposiciones del artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial de 2024. Según señalaron, los fondos provenientes de fideicomisos del Poder Judicial fueron transferidos por Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación sin la autorización del CJF, incumpliendo contratos y suspensiones de amparo que buscaban garantizar el respeto a sus derechos económicos.
Los magistrados y jueces que optaron por no participar en las candidaturas afirmaron que sus nombramientos se lograron mediante procesos de carrera judicial, que garantizan la independencia y estabilidad en sus cargos tras años de evaluación y evaluación continua. En este sentido, advirtieron que la reforma judicial ha forzado su salida de los cargos, y criticaron que la elección popular no sea un mecanismo adecuado para la designación de jueces, argumentando que esto pone en riesgo la autonomía judicial y la imparcialidad.
La petición presentada ante el CJF también solicita que se determine con precisión el monto de las indemnizaciones para cada juzgador afectado, que se emitan constancias oficiales que acrediten dichas cifras, y que se publique un listado completo de los jueces y magistrados que declinaron sus candidaturas en las próximas elecciones judiciales de 2025 y 2027. La finalidad, explicaron, es asegurar que el gobierno cubra las indemnizaciones constitucionales que corresponden por ley, en un contexto donde se les imposibilita ejercer su profesión por un período de dos años tras su salida.
Asimismo, los firmantes recordaron que la ley establece pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales —incluyendo tres meses de salario y 20 días por año trabajado—, así como vacaciones y primas vacacionales. Sin embargo, alertaron sobre la posible utilización de fondos de fideicomisos, lo cual consideran una violación a la Constitución y a los principios que sustentan la reforma judicial.
Los jueces y magistrados hicieron un llamado a la opinión pública y a las autoridades a respetar sus derechos constitucionales, subrayando que “la justicia debe prevalecer sobre intereses particulares o políticos” y que es fundamental restablecer la confianza en las instituciones judiciales para garantizar un estado de derecho sólido y transparente.
Con información de Aristegui Noticias.
