El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, hizo un llamamiento este martes a las autoridades húngaras para que respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en particular el derecho a la reunión pacífica, tras la prohibición de una manifestación en Budapest contra la homofobia y la transfobia. La policía local invocó una controvertida ley que limita las marchas LGTBI+ bajo el argumento de protección a los menores.
«Se deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Hungría y de toda la Unión Europea. El derecho a reunirse de manera pacífica debe ser garantizado en todo momento», afirmó McGrath a su llegada a un Consejo de Asuntos Generales en Bruselas. La medida húngara ha generado preocupación en la Comisión, que está revisando la legislación que sustenta la veto.
El asunto se debatirá en el encuentro de ministros de la UE, donde también se abordará la situación del Estado de derecho en Hungría. Desde 2018, Bruselas mantiene abierto un expediente contra Budapest, que podría derivar en sanciones, aunque hasta ahora no ha logrado la unanimidad necesaria para avanzar en ese proceso. España y otros dieciséis Estados miembros pidieron a la Comisión que utilice las herramientas del Estado de derecho para hacer cumplir los derechos de la comunidad LGTBI+ en Hungría.
Durante el consejo, la Comisión europea presentará los casos abiertos contra Hungría, algunos ya en la justicia europea en Luxemburgo. Por su parte, Budapest afirmó que «explicará a sus homólogos el marco legal y constitucional» que justifica sus decisiones. La discusión en la UE continúa, mientras los países miembros deben alcanzar un consenso para decidir si retiran a Hungría el derecho a voto en la toma de decisiones relacionadas con el Estado de derecho.
La prohibición de la marcha prevista para el 1 de junio ha intensificado el debate sobre las políticas antidiscriminatorias en la región, en un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos de las comunidades LGTBI+ en algunos países del este de Europa. La situación en Hungría continúa siendo observada de cerca por las instituciones europeas, que insisten en la importancia de garantizar libertades fundamentales en toda la Unión.
