Un fallo judicial obliga al Gobierno de Donald Trump a reincorporar a un migrante guatemalteco expulsado a México, a pesar de una protección humanitaria previamente otorgada por una corte en febrero pasado. La decisión se produce en medio de un contexto de controversia sobre las expulsiones sin garantías y el respeto a los derechos de los migrantes en EE.UU.
El migrante, identificado solo por las iniciales O.C.G., forma parte de una demanda colectiva que cuestiona su expulsión y la de otros tres individuos, argumentando que su retorno podría poner en riesgo su vida debido a su orientación sexual y las amenazas que ha denunciado haber recibido. La corte en Massachusetts, bajo la autoridad del juez Brian Murphy, consideró que la expulsión de O.C.G. fue un error, ya que en febrero una corte de inmigración le había concedido un bloqueo de expulsión, tras determinar que su retorno a Guatemala o México lo expondría a persecución, tortura o incluso la muerte.
El magistrado instó al Gobierno a coordinar de manera inmediata con los abogados de los demandantes para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos. La orden llega después de que en febrero una corte de inmigración reconociera que la deportación pondría en peligro al migrante, en una resolución que contrasta con las expulsiones realizadas en los meses recientes, en las que el gobierno de Trump ha insistido en aplicar medidas de expulsión sumarias, incluso en casos donde existían órdenes judiciales de protección.
Este caso se suma a otros similares en los que tribunales federales han ordenado la devolución de migrantes deportados, como en el caso de Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a El Salvador pese a tener una orden previa que aseguraba su protección. La Administración ha admitido errores administrativos en algunos de estos casos, aunque ha argumentado dificultades logísticas, como en el caso de Ábrego García, quien actualmente se encuentra bajo custodia en otro país.
Estas decisiones judiciales evidencian las tensiones entre las políticas migratorias del gobierno y la protección legal de los derechos de las personas vulnerables, en un escenario marcado por restricciones y expulsiones aceleradas en medio de debates sobre seguridad y migración.
Información de EFE.
