La presidenta municipal de Capulhuac, Selene Hernández Herrera (PT), está siendo señalada por una trabajadora del DIF local, Miriam “N”, quien la acusó públicamente de agresiones físicas, verbales y sexuales ocurridas el pasado 2 de mayo de 2025 en las instalaciones de esa institución. La denunciante, una psicóloga del área, difundió un video en redes sociales en el que muestra lesiones en su rostro y narra los hechos, además de expresar su temor por su integridad y la de su familia.
En el video, Miriam “N” afirmó que fue agredida en complicidad con la hija de la alcaldesa, Andrea Sástiga Hernández, y una policía, Ana Lucía Ríos Cano. La mujer solicitó que se investiguen estos hechos y responsabilizó a Hernández Herrera y su familia por posibles represalias. Hasta el momento, ni la alcaldesa ni el Ayuntamiento de Capulhuac han emitido una postura oficial, y la Fiscalía del Estado de México no ha informado sobre alguna investigación en curso.
En respuesta a la denuncia, habitantes de Capulhuac y Ocoyoacac realizaron una manifestación frente a la presidencia municipal para exigir justicia y la destitución de Hernández Herrera. Además, partidos políticos como Morena y PT emitieron pronunciamientos en los que condenan cualquier forma de violencia y llaman a respetar los procesos legales. Morena manifestó que, si bien no dudan de los hechos, es importante que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley, enfatizando que el proceso debe ser llevado por las instancias judiciales.
Por su parte, el Comité Ejecutivo del PT en la localidad condenó enérgicamente los hechos atribuidos a la alcaldesa, reiterando su compromiso con la legalidad y los derechos de las mujeres, y exigiendo que las investigaciones se realicen de manera transparente. Ambos partidos coincidieron en la importancia de respetar el Estado de derecho y evitar acciones que puedan vulnerar la integridad de las personas.
Este caso ha generado atención y movilización en la comunidad, en medio de un contexto en el que las autoridades aún no han emitido una postura oficial, mientras que la Fiscalía estatal continúa sin informar si ha iniciado alguna investigación formal. La situación mantiene en la agenda pública la discusión sobre la institucionalidad y la protección de los derechos en el municipio mexiquense.
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