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Preocupación de la Iglesia Católica en El Salvador por el ingreso de presos internacionales y la situación en las cárceles

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El Salvador genera inquietud entre la Iglesia católica ante la reciente política migratoria y penitenciaria implementada en el país, que ha llevado a la detención de migrantes de distintos países y a su ingreso en la megacárcel Cecot, en un contexto marcado por acuerdos con Estados Unidos.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó este domingo su preocupación por la llegada de “presos de otros países” y solicitó a las autoridades que El Salvador no se convierta en una “gran cárcel internacional”. La situación ha sido motivada, en parte, por un acuerdo entre el gobierno salvadoreño y Washington, mediante el cual Estados Unidos envía a migrantes detenidos, en su mayoría venezolanos, para ser recluidos en la prisión de máxima seguridad Cecot, ubicada en el país centroamericano.

Este acuerdo, cuya naturaleza y condiciones aún no han sido completamente esclarecidas, implica que Estados Unidos pagará aproximadamente seis millones de dólares anuales para mantener el sistema penitenciario salvadoreño, en un contexto donde también se denuncian vulneraciones a los derechos humanos en dichas instalaciones.

Hasta la fecha, más de 200 migrantes han sido trasladados a El Salvador bajo esta modalidad, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana. Sin embargo, análisis recientes indican que cerca del 90% de estos individuos no cuentan con antecedentes penales en Estados Unidos, lo que genera dudas sobre la naturaleza de los traslados y las implicancias legales.

La Iglesia, a través de su representante, también expresó su preocupación por la posible conversión del país en una prisión internacional, advirtiendo que “no se puede permitir que El Salvador se convierta en un centro de detención para personas de otros países sin garantías adecuadas”.

Por su parte, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que Estados Unidos busca expulsar a más migrantes venezolanos hacia El Salvador, lo que ha generado recursos de emergencia y cuestionamientos a nivel judicial en Estados Unidos.

La comunidad internacional y las instituciones nacionales continúan observando atentamente la situación, que pone en evidencia los desafíos en materia de derechos humanos, migración y política penitenciaria en la región.

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