San Salvador, 22 de octubre de 2023 – La Iglesia católica de El Salvador manifestó su inquietud ante la reciente llegada de migrantes de otros países, principalmente venezolanos, al sistema penitenciario nacional, y solicitó a las autoridades que el país no se convierta en un centro penitenciario de carácter internacional. La preocupación fue expresada a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien llamó la atención sobre el envío de extranjeros detenidos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano.
El gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con las autoridades salvadoreñas para trasladar a migrantes detenidos en territorio estadounidense hacia El Salvador, específicamente al Cecot, con el objetivo de gestionar su proceso migratorio y, según informaron, enfrentar acusaciones relacionadas con actividades delictivas vinculadas al Tren de Aragua. La iniciativa, cuyo acuerdo financiero implica una transferencia anual de seis millones de dólares por parte de Estados Unidos, ha generado críticas y preocupaciones sobre los derechos humanos y la soberanía del país.
El arzobispo Escobar Alas expresó en una conferencia de prensa que le preocupa «el hecho que El Salvador reciba presos de otros países, ya sea porque han cometido grandes crímenes o por ser migrantes indocumentados». En ese sentido, solicitó a las autoridades que tomen medidas para evitar que El Salvador se convierta en una «gran cárcel internacional», enfatizando la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar un trato justo a los detenidos.
Hasta la fecha, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido enviados al Cecot, enfrentando acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones recientes, como un análisis de Bloomberg, revelan que aproximadamente el 90% de estos individuos no poseen antecedentes penales en Estados Unidos, lo que abre cuestionamientos sobre la naturaleza y los criterios del proceso de selección y detención.
Por otra parte, organizaciones como la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que Washington intenta expulsar a más migrantes venezolanos hacia El Salvador, presentando recursos legales en Estados Unidos para impedir estos traslados. La situación ha generado un debate sobre las implicaciones humanitarias y diplomáticas de esta política migratoria y penitenciaria.
Este escenario plantea importantes interrogantes sobre la gestión de la migración, los derechos humanos y la soberanía de El Salvador, en un contexto donde las relaciones internacionales y las políticas migratorias se entrelazan con la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas.
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