Redacción
En los últimos días, ha saltado a la palestra un tema que preocupa a muchos ciudadanos: el incremento del 12.5% en la tarifa del agua. Este ajuste ha sido justificado por las autoridades como una medida necesaria para mejorar el servicio, sin embargo, las preguntas surgen con mayor fuerza: ¿realmente se justifica este aumento? ¿Por qué deben ser los ciudadanos cumplidos quienes carguen con el peso del incumplimiento de otros?
Los datos disponibles revelan una situación alarmante. La calidad del agua que reciben los ciudadanos continúa siendo deficiente, a pesar de los ajustes anuales en la tarifa del servicio. Además, la cartera vencida del organismo encargado del suministro de agua asciende a más de 17 millones de pesos. De esta suma, se estima que solo se podrían recuperar 10 millones, debido a complicaciones legales. Este escenario plantea la interrogante: ¿qué medidas están tomando las autoridades para recuperar estos fondos y asegurar que los morosos contribuyan al sistema?
El dilema se vuelve aún más complejo cuando se considera que los ciudadanos que cumplen con sus pagos son los que terminan «pagando los platos rotos» de aquellos que no lo hacen. Aunque la normativa impide cortar el suministro de agua a los usuarios morosos, se podría argumentar que una reducción en el suministro podría ser una opción viable. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido explorada de manera efectiva.
Por otro lado, la situación se complica al observar que ciertos sectores, como los mercados y edificios municipales, parecen estar exentos del pago de tarifas. Esto suscita dudas sobre la equidad del sistema y por qué algunos contribuyentes no están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de la población.
Asimismo, las fugas de agua han sido un tema recurrente. Las autoridades han señalado que carecen de herramientas y materiales para realizar las reparaciones necesarias, lo que deja entrever una falta de planificación y gestión en la infraestructura. La pregunta sobre el destino del dinero recaudado por los aumentos tarifarios anteriores es inevitable. Si los ciudadanos han estado pagando más, ¿por qué no se han realizado mejoras significativas en el servicio?
Finalmente, las autoridades justifican el aumento en las tarifas argumentando que se debe al crecimiento exponencial de la ciudad. Sin embargo, esta justificación resulta contradictoria cuando se observa la cantidad de permisos otorgados para nuevas construcciones. Si la infraestructura no se ha fortalecido para soportar este crecimiento, ¿por qué se continúa promoviendo la edificación de nuevas viviendas?
En conclusión, la situación del agua en la ciudad no solo refleja problemas de gestión y responsabilidad, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre la equidad y la justicia en la distribución de costos y servicios. Los ciudadanos merecen respuestas claras y soluciones efectivas que garanticen tanto la calidad del agua como la sostenibilidad del servicio a largo plazo. La pregunta ahora es, ¿cuándo comenzarán las autoridades a escuchar las inquietudes de la población y a tomar acciones concretas?
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