En respuesta a alarmantes reportes ciudadanos sobre la calidad del agua potable en Ocotlán, donde se han registrado olores a hidrocarburos y flamazos en las tuberías, la diputada Yussara Canales González ha presentado una iniciativa legislativa que demanda una revisión exhaustiva de pozos y plantas potabilizadoras en el estado de Jalisco. La propuesta busca prevenir una potencial crisis sanitaria y ambiental que podría afectar a miles de jaliscienses.
Canales González solicitó a diversas autoridades estatales, incluyendo la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Saneamiento (SIAPA), la Secretaría de Salud y Protección Civil, realizar análisis de laboratorio en todos los pozos y plantas potabilizadoras. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la norma NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites permisibles para el consumo humano, así como detectar posibles riesgos de explosividad en la red de agua.
La legisladora enfatizó la gravedad de la situación al afirmar: “El agua contaminada y el saneamiento deficiente son una amenaza directa a la salud pública. No podemos permitir que las y los jaliscienses estén expuestos a arsénico, manganeso, metales pesados o gases explosivos en sus hogares”.
Canales González recordó que en el caso de Ocotlán, se ha confirmado la presencia de metano microbiano en la red, además de antecedentes de contaminación por arsénico en pozos de la Delegación Joaquín Amaro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ya había emitido una recomendación sobre este problema en 2016.
El inventario estatal revela que Jalisco cuenta con 77 plantas potabilizadoras, de las cuales 31 se encuentran fuera de operación. Las que operan presentan a menudo parámetros que exceden las normas en turbiedad, color, metales y otros contaminantes.
“El derecho humano al agua no solo implica el acceso, sino también la garantía de su calidad y seguridad. El agua con metales pesados, bacterias o riesgo de explosión, no es agua potable”, concluyó la diputada.
La iniciativa presentada no conlleva repercusiones presupuestales, dado que se trata de un exhorto legislativo. Sin embargo, su implementación podría tener un impacto significativo en la salud pública y en la confianza de la ciudadanía hacia los servicios básicos. Canales González ha solicitado que los resultados de los análisis sean enviados a la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso para su análisis y seguimiento.
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