Gabriel J., un expolicía municipal de Tala, fue detenido el 22 de marzo en el municipio de Acatic, tras ser señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición forzada de un hombre que fue privado de su libertad en el Rancho Izaguirre. La captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, después de que se llevaran a cabo investigaciones que lo vinculan con el caso.
Según las indagatorias, el detenido, junto con otros elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, habría interceptado a la víctima, quien se desplazaba en motocicleta, bajo la premisa de realizarle una revisión. Posteriormente, se le habría privado de su libertad y entregado a civiles, quienes, según el testimonio del afectado, lo iban a entregar a «la gente».
La desaparición tuvo lugar en un contexto de tensiones y conflictos en la región, y el 18 de septiembre de 2024, tras un enfrentamiento en el Rancho Izaguirre, la víctima y otra persona fueron liberadas. Las investigaciones subsiguientes llevaron a la identificación de Gabriel J. como uno de los implicados en este caso de desaparición forzada.
El expolicía, de 22 años, fue puesto a disposición del Juez de Control, donde se le notificaron sus derechos legales. Se recuerda que, conforme a la ley, se le presume inocente hasta que se emita una sentencia en su contra por parte del órgano jurisdiccional. Este caso resalta la importancia de las investigaciones en torno a las desapariciones forzadas y el papel de las autoridades en la búsqueda de justicia en situaciones de este tipo.
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