El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparado para firmar una orden ejecutiva el jueves que solicita el cierre del Departamento de Educación, marcando un paso significativo hacia el cumplimiento de una de sus promesas de campaña. Esta decisión, revelada por un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, busca desmantelar una agencia que ha sido objeto de críticas y controversias por parte de sectores conservadores durante años.
El mandatario ha calificado al Departamento de Educación como un ente derrochador, contaminado por la ideología progresista. Sin embargo, la ejecución de su plan enfrenta un obstáculo considerable: la creación del departamento en 1979 fue resultado de una ley del Congreso, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del cierre sin apoyo legislativo.
Según un documento informativo de la Casa Blanca, la orden ejecutiva instruirá a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar las medidas necesarias para facilitar el cierre de la agencia y devolver la autoridad educativa a los estados, garantizando al mismo tiempo la continuidad de servicios y programas vitales para los ciudadanos. Hasta ahora, el gobierno de Trump ya ha iniciado el proceso de desmantelamiento de la agencia mediante despidos y recortes en programas esenciales.
Los críticos, incluidos defensores de las escuelas públicas, advierten que la eliminación del departamento podría profundizar las desigualdades existentes en el sistema educativo estadounidense. La Unión Nacional de Padres se manifestó en contra de la propuesta, afirmando que el cierre del departamento dejaría a millones de niños sin las oportunidades educativas justas que merecen.
A pesar de la falta de claridad sobre cómo se transferirán o eliminarán las funciones del departamento, McMahon, en su audiencia de confirmación, se comprometió a preservar iniciativas clave, como los fondos del Título I y las becas Pell. Estos programas son cruciales para las escuelas de bajos ingresos y los estudiantes universitarios que enfrentan dificultades financieras.
El Departamento de Educación maneja anualmente miles de millones de dólares que se distribuyen a las escuelas y supervisa préstamos estudiantiles por un total de 1,6 billones de dólares. Aunque la financiación federal representa solo un 14% del presupuesto de las escuelas públicas, esta ayuda es esencial para programas destinados a estudiantes vulnerables.
La idea de cerrar el departamento ha sido un tema recurrente entre los republicanos durante décadas, quienes argumentan que el gobierno federal no debería interferir en las decisiones educativas que, según ellos, deberían ser tomadas a nivel estatal. Esta propuesta ha cobrado fuerza recientemente, impulsada por grupos de padres conservadores que buscan más control sobre la educación de sus hijos.
Si bien Trump ha prometido devolver el control educativo a los estados, su administración también ha utilizado el Departamento de Educación para avanzar en su agenda política, incluyendo la supervisión de derechos civiles y la regulación de la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.
A pesar del apoyo que la idea de cerrar el departamento podría tener entre algunos sectores, también existen dudas sobre su popularidad política y la viabilidad de esta medida sin el respaldo del Congreso. En 2023, una enmienda para cerrar la agencia fue rechazada por un grupo de republicanos que se unieron a los demócratas en oposición.
La discusión sobre el futuro del Departamento de Educación y sus implicaciones para el sistema educativo estadounidense continúa, mientras la administración Trump avanza en su intento de reestructurar el panorama educativo del país.
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