Familias de los jóvenes desaparecidos en 2018 critican las contradicciones en las investigaciones y solicitan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer el caso
A siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum, tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, los padres de los jóvenes han denunciado lo que consideran una «mentira histórica» construida por la Fiscalía de Jalisco. Las madres de Marco y Daniel afirmaron que los presuntos responsables de la desaparición nunca han revelado el paradero de los jóvenes y denunciaron que algunos de ellos fueron sometidos a tortura para obtener declaraciones.
Este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de Jalisco, dado que, tras la desaparición de los estudiantes, sus compañeros organizaron una marcha masiva el 24 de marzo de 2018, convirtiendo la glorieta de los Niños Héroes en la glorieta de las y los Desaparecidos, en un acto de solidaridad con las familias de buscadores.
En el inicio de la investigación, la Fiscalía de Jalisco, bajo la dirección de Raúl Sánchez, afirmó que había pruebas suficientes para suponer que los jóvenes fueron confundidos por una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación y asesinados, con sus cuerpos disueltos en ácido. Sin embargo, meses después, el entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, admitió que no existían indicios que confirmaran esta versión.
Sofía Ávalos, madre de Marco, junto a Victoria García y Miguel Díaz, padres de Daniel, expusieron una serie de inconsistencias en la carpeta de investigación. Señalaron alteraciones en los lugares donde supuestamente estuvieron retenidos los jóvenes y la ausencia de pruebas contundentes sobre lo ocurrido. “En el reporte del Instituto Forense se indicó que no se habían encontrado restos humanos y que lo que había en los bidones era diésel”, afirmaron.
Las familias también relataron que durante el proceso de investigación mantuvieron reuniones con el exgobernador Aristóteles Sandoval, quien les aseguró que, aunque no había pistas sobre sus hijos, estaban al tanto de que grupos delictivos estaban llevando jóvenes para forzarlos a trabajar con ellos. Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando la Fiscalía intentó obligarlas a aceptar certificados de defunción.
Recientemente, un juicio oral llevado a cabo entre el 1 de abril y el 17 de mayo de 2024 resultó en una orden del juez para que el Ministerio Público Federal no cierre el caso, y los presuntos responsables permanezcan en prisión hasta que se conozca la verdad sobre lo sucedido. No obstante, desde esa fecha no se han realizado nuevas diligencias.
Ante la falta de avances, las familias han solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para ayudar a encontrar a sus hijos con vida y han apelado al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que retome el caso y analice los resultados del juicio anterior. La lucha por la verdad y la justicia continúa, mientras las familias insisten en que no se detendrán hasta saber qué ocurrió realmente con los estudiantes.
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