La legisladora Yussara Canales González, del Partido Verde Ecologista, ha presentado una iniciativa que busca reformar el artículo 116 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, estableciendo nuevos requisitos para el titular de la Procuraduría Ambiental de Jalisco. Según la propuesta, el Procurador deberá demostrar conocimientos específicos y contar con al menos cinco años de experiencia en asuntos ambientales, un criterio que actualmente no se exige.
En su discurso, Canales González enfatizó la urgencia de dotar a este cargo de un perfil técnico adecuado, argumentando que «la crisis ambiental en Jalisco no puede combatirse con improvisaciones o designaciones políticas». La legisladora subrayó que el medio ambiente es un derecho humano esencial que debe ser protegido para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
La iniciativa busca marcar el inicio de un proceso de profesionalización de los organismos encargados de la protección ambiental en Jalisco, con el fin de combatir la impunidad en este sector. «Los riesgos ambientales derivados de la corrupción y el desinterés no solo dañan nuestro entorno, sino que perpetúan desigualdades sociales», añadió. La propuesta de Canales sostiene que la Procuraduría debe ser un bastión en la lucha por el medio ambiente, no una plataforma para intereses políticos.
Actualmente, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente es designado por el Gobernador, a propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sin requerimientos mínimos de experiencia o conocimientos en el área. Esta situación, según Canales, abre la puerta a prácticas de nepotismo y corrupción, lo que a su vez ha contribuido a la desigualdad social y ha afectado a los sectores más vulnerables de la población.
Jalisco se enfrenta a serios problemas ambientales, siendo uno de los estados con mayores violaciones a los derechos humanos en esta materia. Entre 2016 y 2019, concentró el 70% de las violaciones a derechos ambientales en el país, según un estudio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). Las quejas más frecuentes incluyen la contaminación del agua, el manejo inadecuado de residuos, la pérdida de biodiversidad y el daño a los suelos por pesticidas.
En 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió 9,627 quejas, de las cuales 4,355 (45.2%) estaban relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano. Estas quejas resultaron en 35 recomendaciones. Además, el Índice Global de Impunidad Ambiental México 2020 posicionó a Jalisco como el segundo estado con mayor número de delitos y violaciones ambientales, con 6,785 casos registrados entre 2016 y 2019.
El Congreso de Jalisco se prepara para discutir esta propuesta en los próximos días, una decisión que podría transformar significativamente la política ambiental del estado y asegurar que el cargo de Procurador Ambiental esté ocupado por un profesional competente, capaz de enfrentar los desafíos ambientales que aquejan a Jalisco.
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