El Congreso del Estado de Quintana Roo ha decidido endurecer las penas para los taxistas que cometan delitos de homicidio y lesiones, en respuesta a un alarmante aumento de agresiones hacia turistas y conductores de plataformas de transporte como Uber. La iniciativa, impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, fue aprobada esta semana y entrará en vigor de inmediato tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La medida surge ante un creciente número de ataques perpetrados por integrantes de los sindicatos de taxistas Andrés Quintana Roo y Lázaro Cárdenas del Río, cuyas bases operan principalmente en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen. En los últimos meses, se ha documentado una serie de incidentes violentos donde tanto turistas como choferes de Uber han sido blanco de insultos, agresiones físicas e incluso intentos de homicidio, simplemente por optar por un medio de transporte alternativo.
La reforma al Código Penal de Quintana Roo y a la Ley de Movilidad establece que las penas por homicidio y lesiones se incrementarán en un 50% cuando los delitos sean cometidos en el ejercicio del servicio de transporte público. Además, si las víctimas son menores de edad o turistas, la sanción se elevará en dos terceras partes. Esta misma lógica se aplicará para los delitos de daños, buscando disuadir la violencia en el sector del transporte.
A lo largo de los años, los sindicatos de taxistas han ejercido un considerable poder político en la región, logrando posicionar a candidatos en diversos puestos de elección popular y mostrando resistencia frente a la regulación de plataformas digitales. Sin embargo, este nuevo marco legal busca contrarrestar esa influencia negativa y proteger a los usuarios de transporte en Quintana Roo.
Por su parte, la Fiscalía del Estado ha actuado en varias ocasiones contra taxistas implicados en delitos graves como extorsión y narcotráfico, evidenciando la complejidad del problema. Con esta reforma, el Gobierno de Quintana Roo espera no solo reducir la violencia en las calles, sino también restaurar la confianza de los turistas en el destino, crucial para la economía local.
Con estas acciones, la administración de Mara Lezama reafirma su compromiso por garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y visitantes, en un estado que se ha visto afectado por una creciente ola de violencia en el sector del transporte.
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