Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a realizar arrestos de inmigrantes en un movimiento que marca el inicio de deportaciones masivas en Estados Unidos, según lo declarado por Tom Homan, el zar fronterizo del país. Estas acciones se llevan a cabo tras la firma de nuevas órdenes ejecutivas por parte del presidente Donald Trump, las cuales buscan ampliar los centros de detención, atacar a las ciudades santuario y facilitar la persecución de inmigrantes indocumentados en lugares considerados «sagrados», como escuelas, iglesias y hospitales.
Con la implementación de estas nuevas políticas, el Departamento de Seguridad Interna ha eliminado restricciones que limitaban las operaciones de detención de ICE en ciertos lugares, permitiendo que los agentes realicen arrestos en áreas que anteriormente eran consideradas seguras para la comunidad inmigrante. Homan enfatizó que las 25 oficinas regionales de ICE están desarrollando listas de objetivos, priorizando la captura de indocumentados con antecedentes penales, aunque aún no se han reportado redadas específicas.
El gobierno también ha tomado medidas para sancionar a las ciudades que se han declarado santuarios, amenazando con la pérdida de financiamiento federal si no cooperan con las autoridades migratorias. Estas acciones han generado una respuesta anticipada de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que se preparan para presentar desafíos legales en los tribunales. Las políticas buscan fomentar la autodeportación, instando a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país de manera voluntaria.
Expertos en políticas migratorias, como John Sandweg, exdirector de ICE, han advertido que estas órdenes amplían significativamente el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley migratoria, lo que podría tener implicaciones serias para la seguridad y los derechos de los inmigrantes en EE.UU. Sandweg señaló que la orden que dirige al Comando Norte de EE.UU. a sellar la frontera y mantener la soberanía va más allá de las funciones de apoyo asignadas a las fuerzas militares. A medida que se despliegan estos operativos, el debate sobre la legalidad y la ética de estas acciones continúa intensificándose.
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