Por: Verónica Juárez Piña
La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre, en materia de prohibición de la subcontratación, que en estos días podría ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, si bien puede evaluarse como un proyecto que permitiría evitar los efectos más perniciosos por los contratos que una empresa proporciona a trabajadores propios en beneficio de otra, resulta excesiva en sus sanciones.
Al grado de que pueden llegar incluso a considerar esta actividad como defraudación fiscal bajo la forma de delincuencia organizada, por lo que se impondría la prisión preventiva oficiosa.
En la iniciativa se distinguen y regulan diversas formas de terciarización laboral, o sea que no desaparece la subcontratación como tal. Reconoce la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos como una actividad legal, pero que debe regularse mediante la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un registro público que garantice que no se están simulando relaciones laborales ni evadiendo responsabilidades.
Mediante reformas a la legislación en materia de seguridad social, impone a las empresas prestadoras de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas obligaciones de información y control, para evitar evasiones.
También en materia fiscal, condiciona las deducciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado al cumplimiento de autorización de la STPS y a la entrega de información relacionada con los contratos y el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
Con estas normas, se puede prever que serían inhibidos el incumplimiento de derechos laborales, la evasión de responsabilidades en materia de seguridad social y fiscales y una auténtica competencia desleal contra empresas que trabajan de manera regular y en estricto cumplimiento de la ley.
Sin embargo, se agregan a estas disposiciones requisitos excesivos de registro ante diversas instituciones (STPS, IMSS, INFONAVIT, SAT) que más que servir como controles, provocarían más bien que se inhiba el cumplimiento de tantos registros e informes.
Lo mismo puede decirse de las sanciones. Siguiendo con la línea del gobierno federal de imponer un terrorismo fiscal y penal, la iniciativa sostiene que la eficacia de la autoridad está en razón directa con las sanciones. Así a quienes subcontraten o quienes contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de 4 millones de pesos.
Igualmente, se equipara al delito de defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, así como realizar la subcontratación de personal. Si esto es realizado en complicidad de más de tres personas se consideraría delincuencia organizada, teniendo por efecto la prisión preventiva de oficio a los responsables.
La cuestión es que sin estas sanciones excesivas, con una acción eficaz y coordinada de la autoridad, sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación, por lo que este rubro debe ser revalorado por las comisiones dictaminadoras.
Resulta inaceptable mantener o defender situaciones que han llevado a la precarización del trabajo en México. Pretender que no es el momento para una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.6 millones de trabajadoras y trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin prestaciones que dependen de ésta como el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades.
Quien ha dicho que no es el momento de acabar con las simulaciones porque costaría empleos o fomentaría la informalidad o afectaría la competitividad del país, no contempla que los trabajadores subcontratados viven de hecho en la informalidad, con empleos precarios y mal remunerados, que pueden ser despedidos en cualquier momento con o sin esta reforma.
Es por ello que, en la discusión de esta iniciativa, el GPPRD defenderá los derechos laborales de las y los trabajadores, exigiremos para ellos y ellas trabajo y salario digno; pero también demandaremos se cuide a aquellas empresas que, apegadas a la Ley, generan miles de empleos.
