Por: Verónica Juárez Piña
A pesar del discurso del combate a la corrupción y de la austeridad, si por algo se ha caracterizado el gobierno de Andrés Manuel ha sido por la opacidad, la falta de evaluación de los programas y políticas públicas y el uso discrecional del presupuesto.
Un claro ejemplo es el manejo de los programas sociales, entre ellos Sembrando Vida, el Programa de Apoyo a Adultos Mayores, las becas estudiantiles, entre otros; que carecen de evaluación de gasto, de su impacto y viabilidad. La falta de transparencia es tal, que en la Cuenta Pública 2019 la Auditoría Superior de la Federación dejó fuera de revisión estos programas y los megaproyectos.
Este fue uno de los temas que salió a relucir en la presentación del “Índice de desempeño de programas públicos federales”, organizada por la Asociación Civil “Gestión Social y Cooperación (GESOC A.C.)”, en la que participaron especialistas, representantes de esta asociación y diputadas de diferentes grupos parlamentarios.
En mi participación, resalté la importancia de que la sociedad, a través de sus organizaciones civiles, se incorpore al proceso evaluación de las políticas públicas.
Desde el GPPRD hemos señalado que las transferencias monetarias directas, en determinadas ocasiones resultan muy cuestionables dado que el objetivo primordial es la construcción de una clientela electoral masiva, cuando deberían de centrarse en la atención de una situación emergente.
Lo resaltamos en el debate de la constitucionalización de los programas sociales porque nos parecía que las transferencias monetarias no constituyen un derecho en sí mismas, sino un mecanismo para establecer mejores condiciones a grupos cuya situación de vulnerabilidad los sitúa en gran desventaja pero que, al establecerse en la Carta Magna no sólo se generaban condiciones de desigualdad sino que perpetúan las condiciones de pobreza en las que viven muchos grupos sociales.
Cabe destacar que, en las circunstancias de crisis en las que hoy vivimos, estudios como el que presentó el GESOC constituyen una gran oportunidad para elevar la aplicación del gasto y la eficiencia de sus resultados que es hoy, más que nunca, un reto para el Poder Ejecutivo y, desde luego, para la Cámara de Diputados.
Me parece de particular importancia lo que señala el análisis como la “Caja Negra del Gasto Social”, sobre todo porque son programas que, en sí mismos, son poco cuestionables. No obstante, resulta por ello imprescindible exigir el aumento en las medidas que transparenten los ejercicios de estos recursos.
Al contrario, también llama la atención que casi todos los programas que están en un nivel de desempeño óptimo, se encuentren dedicados la investigación, como el del Sistema Nacional de Investigadores y las Becas de posgrado y apoyos a la calidad, que han sido duramente cuestionados por el Ejecutivo Federal.
Resulta paradigmático que uno de los programas que se encuentran en este nivel sea el extinto Seguro Popular, que el Presidente y la mayoría de Morena en el Congreso, decidieron desaparecer con el argumento de la “ineficacia y corrupción que reinaba en el sector salud”.
Resulta preocupante, en este mismo sentido, que los programas que cuentan con alto potencial de desempeño presenten una reducción presupuestal, lo cual no favorece que puedan superar las condiciones que no les permitieron llegar a la calificación óptima y que, en términos generales es, principalmente, la cobertura. Entre éstos se encuentran programas como los apoyos a la cultura, la atención a la salud y el Programa Nacional de Convivencia Escolar.
Por otro lado, no nos sorprende encontrar entre los programas con desempeño escaso a algunos como el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
En opinión del GPPRD, queda claro que no existe en el Gobierno Federal una orientación precisa respecto de las prioridades presupuestales, más allá de la que está impuesta por intereses ajenos a los propios fines de los programas.
Es evidente además que hay un uso clientelar del presupuesto y que los programas sociales se han convertido en la caja chica del gobierno para apoyar a Morena rumbo a las elecciones de 2021. Ello repite las viejas prácticas en la política social, sin importar el partido que esté en la presidencia, que lo único que provocan es la agudización de la pobreza y la desigualdad y abren espacio a la corrupción y la impunidad.
