Porque no es posible que personajes como David Gómez Álvarez sobre quien han salido notas que ponen en duda su reputación y honorabilidad sea parte de quienes califiquen y decidan los procesos de selección en asuntos de alta relevancia para la vida pública del Estado, esta mañana los Abogados Ricardo Martínez Avianeda y Juan Manuel Martínez López presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Antocorrupción.
Además de que piden la separación inmediata de su cargo mientras se esclarecen los hechos, los abogados piden también a la Presidenta del Comité de Participación Social (CPS) en el Sistema Estatal Anticorrupción Lucia Almaraz, un pronunciamiento sobre el tema:
“No puede ser que en un caso como éste que afecta reputación de su propia institución no salga explicar a los supuestos actos de corrupción de uno de sus miembros. Le pedimos a Lucy Almaraz que inicie una investigación seria, inmediata y transparente. También queremos la declaración de Cinthya Cantero, titular del ITEI, que le dio un contrato de 80.000 pesos por unas asesorías fantasmas en un café, de las cuáles no hay registro que avalen los resultados de las mismas”, mencionó el abogado Ricardo Martínez en entrevista que dio a medios de comunicación a las afueras de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, al término de la presentación de la denuncia.
“No entendemos por qué dos días después no ha salido una sola palabra, ni reacción, por qué no le dicen nada, por qué ningún miembro del CPS ni por qué el acusado no ha aparecido para desmentir esta información, por qué a nadie le preocupa. ¿Acaso el comité o su presidenta lo están encubriendo?
Si está tan interesado en combatir la corrupción ¿Por qué no sale a defender su honorabilidad? ¿En dónde está David Gómez Álvarez? Dicen que estaba esta semana en Nueva York. ¿Es cierto? ¿Estamos en periodo de vacaciones? ¿Está en este momento en su oficina? Este no es un asunto de redes sociales, es un asunto de relevancia para el Estado. Nos debe una explicación”.
Los abogados forman parte del grupo de aspirantes para el puesto de Consejero de la Judicatura que se llevó a cabo en los meses de mayo y junio en donde participó el CPS y el propio Gómez Álvarez, y se dicen inconformes con el proceso que se vivió: “Venimos a señalar que existieron irregularidades en el proceso de selección porque consideramos que el comité de participación social no actuó objetivamente y ahora con esto señalamientos a Gómez Álvarez nuestras dudas se acrecentan, sabiendo que pudo haber intereses ocultos, e incluso económicos, ya que al parecer el señor puede estar involucrado en irregularidades. Lo más preocupante son todos los cargos de importancia que ha ocupado en el Estado. Debe necesariamente quedar clara su probidad, de otra manera tiene que abandonar el cargo y recibir las sanciones correspondientes” finalizó Martínez.
Se defiende
Por su parte, el consejero del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, David Gómez Álvarez, se defendió de los señalamientos de los que ha sido objeto en los últimos días, a partir de una publicación en un medio digital difundida el pasado lunes 17 de agosto. Mediante una misiva dirigida a la opinión pública, desglosó lo siguiente:
1. Se trata de una campaña de desprestigio no sólo en contra de mi persona, sino también en contra del trabajo colegiado y profesional del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
2. La campaña, orquestada desde Jalisco, financiada con recursos de los contribuyentes e impulsada en redes sociales con granjas de usuarios, intenta desacreditar mi actuación como consejero del CPS y busca cuestionar mi trayectoria pública.
3. La nota menciona que salí del gobierno en 2016 por un “supuesto conflicto de interés” por un contrato que si bien se licitó tres años antes, en 2013, nunca se asignó. Se trata de un asunto aclarado en su momento que nunca se materializó, sobre el cual no existe ninguna denuncia.
4. También se menciona que mis declaraciones de impuestos fueron en ceros durante ciertos años, lo cual se explica porque estaba bajo el régimen de sueldos y salarios en el cual solo tenía que presentar mi declaración anual; a partir de 2017 cambié al régimen de persona física con actividad empresarial, estando todas mis declaraciones de impuestos están en regla.
5. La nota hace público un documento privado, violando la legislación en materia de protección de datos personales, de secrecía del proceso judicial y se entromete en asuntos de la esfera privada e íntima, intentando causar un daño a mi reputación.
6. La demanda que interpuso en 2017 mi ex esposa en ninguna parte me acusa de “enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, lo cual es absolutamente falso. A este respecto, mi equipo de abogados presentará una demanda contra quien resulte responsable por daño moral, alteración dolosa de declaraciones y sustracción ilegal de documentos judiciales privados.
7. Si bien es cierto que mi ex esposa presentó una demanda de divorcio en 2017, la misma fue retirada por llegar a un acuerdo de divorcio que, de forma voluntaria, conveníamos entre ambas partes.
8. Tengo el privilegio de ser consultor independiente de distintos organismos internacionales, lo cual me ha permitido visitar y trabajar en distintos países. En su mayoría, mis viajes han sido financiados por universidades extranjeras y organismos internacionales, como se puede constatar en los registros administrativos de las instituciones públicas nacionales donde he laborado.
9. El patrimonio que he construido con el esfuerzo de mi trabajo es modesto y está claramente estipulado en mi declaración patrimonial. No tengo ningún “penthouse”, sino una casa (Tortolero) que es conocida por muchos personajes públicos que pueden dar fe de que mi estilo de vida que se corresponde con mis ingresos profesionales.
10. Cuando cursé el post doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachussets efectivamente pagaba una renta de 2 mil dólares, que es el costo de mercado de un
departamento que compartía con otros colegas universitarios, gracias a una beca
del Conacyt.
11. He solicitado mi derecho de réplica al medio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley
del Derecho de Réplica, que de no ser concedido, acudiremos a tribunales para exigirla reparación del daño o a lo que nuestra parte convenga.
12. La nota dice que “operadores políticos me colocaron en el CPS”, a lo que respondo
que fui seleccionado por la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, integrada por personalidades íntegras, en un proceso abierto, transparente y competitivo.
13. Soy profesor de tiempo completo del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual no me hace pertenecer a ningún grupo político dentro ni fuera de la universidad.
14. Respecto a lo del contrato de consultoría con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, efectivamente recibí 84 mil pesos por 4 meses de trabajo, cuyos entregables y servicios están debidamente acreditados.
“En más de 25 años de trayectoria pública en instituciones públicas, universidades nacionales y extranjeras, organismos internaciones, organizaciones de la sociedad civil y como colaborador en medios de comunicación, jamás se ha interpuesto una sola queja, denuncia o demanda en mi contra. Toda mi vida me he conducido con absoluta integridad y probidad, lo cual me permitió, entre otros logros, haber sido seleccionado para el encargo de consejero del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
“No es la primera vez que poderes fácticos o partidistas me atacan, aunque sí es la primera vez que soy blanco del embate desde el gobierno del estado, aunque lo hagan de forma anónima. Lo que más decepciona, es que algunos de quienes decían que actuarían diferente y que prometieron gobernar distinto, se comporten igual que a quienes criticaban.
“Algunos siguen sin entender que el CPS no es un adversario político, sino un contrapeso democrático en la arquitectura institucional del estado. Nuestro trabajo puede resultar incómodo para ciertos intereses, que se oponen a una auténtica refundación de las instituciones de Jalisco, pero es un mandato constitucional que no podemos incumplir.
No les fallaré a quienes me encomendaron la honrosa representación de la sociedad civil para luchar contra la corrupción desde el CPS.
“Hoy, más que nunca, reitero mi compromiso público de trabajar en pos de la apertura y la rendición de cuentas. No me dejaré intimidar con campañas negras. Lo que no mata, enaltece”, sentenció en su misiva.
