Por: Verónica Juárez Piña
Es un error grave por parte de la Secretaría de Hacienda, el disponer para otros fines de los recursos que se encuentran específicamente destinados para la atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas por disposición de la Cámara de Diputados; y de los que ya tiene asignados el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para acatar el decreto de austeridad impulsado por el presidente, con el que se busca un recorte del 75% al presupuesto de varias dependencias federales con el fin de obtener recursos para combatir el Covid-19, pero también destinarlos a los programas sociales prioritarios del gobierno federal, los megaproyectos y Pemex.
La secretaría de Hacienda está revisando los presupuestos ya asignados a las distintas dependencias y a diversos programas; sin considerar la gravedad que ello implica.
Con este objetivo, Hacienda canceló el presupuesto federal asignado a estados para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que se ha decretado en 21 entidades para tomar acciones urgentes que prevengan los feminicidios, desapariciones y la violencia contra mujeres.
Entre las entidades afectadas, se encuentran los que ocupan los primeros lugares por el número de feminicidios de enero a mayo de 2020. Entre ellos el Estado de México, con 47; Veracruz, con 35; Nuevo León, con 30; Ciudad de México, con 29, Puebla, que registra 28 y Jalisco, con 22.
Reiteradamente, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hemos realizado llamados urgentes para que la SHCP no recorte estos recursos a las entidades, lamentablemente, no hemos sido escuchadas.
Ante la airada protesta de organizaciones civiles y de legisladoras, tanto el presidente de la República como la Secretaría de Gobernación dijeron que se respetarías los recursos asignados a la AVGM. Habrá que esperar si esto realmente se cumple.
Sin embargo, la Junta de Gobierno de INMUJERES anunció un recorte de 151 millones del Instituto para supuestamente destinarlos a combatir la pandemia. Se argumentó que este recorte sólo afecta los capítulos 2000 y 3000 de servicios generales, materiales y suministros; pero esa es una falacia porque es claro que una reducción tan sustancial de recursos afectará la operación de INMUJERES y consecuentemente sus funciones específicas.
Comprendemos la necesidad de recursos que tiene el Gobierno Federal, sin embargo, la vida y la integridad de las mujeres debe ser una prioridad, por encima de proyectos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, fuertemente cuestionados, que no han cumplido con la normatividad ambiental y que, en las circunstancias de emergencia sanitaria, no contribuyen a la superación de las crisis que vivimos.
En Jalisco, el 74.1% de las mujeres han sufrido de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas y es importante que los recursos federales respalden las acciones del gobierno estatal para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.
Jalisco cuenta con 5 municipios que se encuentran en la lista de los 100 con mayores índices de violencia contra las mujeres: Zapopan, El Salto, Guadalajara, Mezquitic y Tonalá.
No obstante, la Alerta de Género emitida en 2018 por la Secretaría de Gobernación federal, implementó acciones en los municipios de Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zuñiga, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán El Grande, Mezquitic, Lagos de Moreno y Ameca; acciones que se encuentran en riesgo de no poder llevarse a cabo debido a las cuestionables decisiones que se han tomado desde el Palacio Nacional.
Debemos hacer énfasis en que muchas de las acciones quedarán sin respaldo económico para poder atenderlas, de tal forma que lo que estamos poniendo en riesgo es la vida de las mujeres en el país, y en Jalisco.
No podemos aceptar esta situación porque la violencia –y menos la que se ejerce contra las mujeres- nunca es normal, aunque, lamentablemente, así pretenda hacerlo creer el presidente de la República.
