Por: Héctor Romero González
Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006, convirtiéndose así en el primer indígena en ser titular del Poder Ejecutivo, luego de haber consolidado una carrera política como uno de los líderes sindicales más importantes del país al haber defendido a campesinos cultivadores de coca.
En sus dos primeras elecciones obtuvo más del 50% de los votos, gracias a sus políticas progresistas y la bonanza de la economía boliviana, ya que el país pasó de ser uno de los más pobres del Continente a aproximarse a las potencias latinoamericanas.
A partir del inicio de su tercer mandato inició la polémica sobre su figura, dado que, a pesar de que las leyes bolivianas establecen que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos, mediante una reforma constitucional impulsada por el evismo, se estableció que su primer mandato no fuese computado para posteriores reelecciones, de donde derivó la posibilidad de ser elegido para un tercer mandato.
No obstante, en 2016 la polémica incrementó y se agravó con motivo del referéndum constitucional con el que Evo pretendía modificar la constitución para permitirle participar en nuevos comicios, en el cual los resultados le fueron desfavorables.
El presidente, férreo a no perder el poder, una vez que había menguado la independencia del resto de los Poderes, específicamente del judicial, a través del partido oficialista promovió un juicio de inconstitucionalidad, de donde derivó una controversial resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinó la aplicación preferente de los «derechos políticos» por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, declarando éstos inconstitucionales.
Dicha decisión, sin lugar a dudas, fragmentó la legitimidad del ya presidente boliviano, desmoronándose su gobierno rápidamente desde un punto de vista social y económico.
Es prudente considerar que en Bolivia no existen suficientes garantías de independencia judicial, ya que los magistrados que integran el Tribunal Constitucional son elegidos mediante elecciones populares. Así fue que Morales pudo participar en los comicios celebrados apenas el 20 de octubre, los cuales, de acuerdo a las auditorías practicadas por la Organización de los Estados Americanos estuvieron plagados de irregularidades, denunciándose el fraude electoral por la oposición, liderada por el candidato Carlos Mesa.
En respuesta, el pasado domingo Evo Morales emitió una declaración ante la prensa asegurando que llamaría a nuevas elecciones. No obstante, esto no bastó, desde el interior de las fuerzas armadas y el cuerpo policial se fraguó un golpe de Estado, que culminó con la dimisión del primer mandatario de origen indígena. Esto es sumamente grave para el frágil y radicalizado contexto político de Latinoamérica, por lo que debe evitarse a toda costa una salida ajena a las vías constitucionales y legales, así como nos obliga a reflexionar sobre la importancia de que los regímenes nacionales no solo actúen en forma legal, sino que deben privilegiar la estabilidad política y democrática de las naciones mediante todas sus decisiones.
Así que ahora resulta indispensable y urgente que la Asamblea Legislativa de Bolivia convoque a nuevas elecciones para asegurar la estabilización de una nación que está en una seria crisis.
A raíz de esto, México ofreció asilo político a Evo, lo cual ha sido duramente criticado por la oposición, hecho que no puede sino derivar de la ignorancia. Siempre hemos sido una nación que ofrece su apoyo y auxilio a aquellos que son perseguidos por motivos políticos e ideológicos. De esta manera Evo Morales se suma a la lista de asilados como el líder bolchevique León Trotsky, la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú, el expresidente Héctor José Cámpora, el revolucionario José Martí y el militar italiano Giuseppe Garibaldi.
La política de puertas abiertas siempre ha caracterizado la política internacionalista mexicana, aunque no debe entenderse, ni permitirse con motivo de ella una injerencia o participación en la política doméstica de otro país. Por el contrario, el derecho de asilo debe aplicarse en conjunto con la doctrina Estrada, que ha sido postulada por México desde el mandato de Pascual Ortiz Rubio, la cual se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo.
Así, a pesar de las graves violaciones al sistema democrático que orquestó Evo para prologar su mandato, la realidad es que debemos reconocer y respetar su derecho humano para solicitar asilo, el cual es recogido por la Constitución Política mexicana y diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ello, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece los mecanismos que deben seguirse para que se autorice por la Secretaría de Relaciones Exteriores el asilo político.
Debemos aplaudir la decisión del Ejecutivo para proteger la dignidad humana, pero también exigir que la decisión humanitaria no se convierta en un respaldo político hacia una dictadura.
@hecromg
