Por: Salvador Cosío Gaona
El pueblo habló, exigió y a los partidos políticos no les quedó ya otra opción que doblar las manos y aceptar que sí se puede reformar todo lo necesario para que se regrese por todos los partidos el recurso no erogado aún en este año 2017 en curso y no solo lo inherente a los recursos para campaña que pudieran recibir en 2018, sino todo lo que aún está etiquetado para los institutos políticos en este año, además de lo inherente en general para todo lo que se determina para el gasto de los partidos.
Surge ahora una especie de guerra entre los partidos para intentar posicionarse y colgarse la medalla, aunque simplemente basta con que los legisladores lo aprueben y si ya tienen la Indicación de los dirigentes partidistas y de sus líderes respectivos, deben decirle a sus respectivos coordinadores parlamentarios que de inmediato hagan lo conducente, pues ello debe hacerse ya sin necesidad de movilizaciones ni campañas, porque esas ya se hicieron, el pueblo habló y exigió, a los partidos no les quedó opción.
Ahora sigue el adelgazamiento del aparato burocrático y la reconducción en el presupuesto 2017 y el proyecto de presupuesto 2018 de todo gasto suntuario, superfluo y no prioritario.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya anunció que donará 258 millones de pesos de dinero público que le corresponden de financiamiento para lo que resta de 2017. Enrique Ochoa, el gerente en turno de la dirigencia nacional de ese partido, aseguró que el dinero será destinado a los afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre en el país. “El dinero de los partidos políticos es el dinero del pueblo de México.
Y el pueblo de México está demandando que el dinero se destine de manera directa e inmediata, sin burocratismos, al apoyo en la reconstrucción y de las familias”, aseguró en la Cámara de Diputados y tiene razón, el pueblo está harto.
El anuncio de Ochoa Reza ha sido el más reciente en una serie de guerra verbal que los dirigentes de los diversos partidos políticos han emprendido ahora para buscar dejar en claro que cada uno es el más proactivo para ayudar a las víctimas de los desastres causados por fenómenos naturales en México.
Arropado por los legisladores federales del tricolor, el gerente en turno del PRI hizo un reto a la oposición y espetó: «Invitamos de manera respetuosa al resto de partidos a que lleven a cabo la misma acción”, dijo Ochoa y calculó que todos los partidos podrían reunir casi mil millones de pesos de ayuda, si renuncian al financiamiento otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este año. Los cálculos de Ochoa Reza consideran como ejemplo que el Partido Acción Nacional (PAN) debería renunciar a 190 millones de pesos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a 113 millones, pero la propuesta de Ochoa Reza no carece de malicia ya que tanto el PRI, como el resto de partidos, tiene la mira puesta en las elecciones de 2018.
Andrés Manuel López Obrador, Lider del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue el primero en intentar quedar bien y habló de donar el 20 por ciento de sus recursos para campaña y fue acremente criticado al decírsele que era ilegal e imposible, pasó después a expresar el que deseaban comprometer todo el dinero público para sus campañas del próximo año a favor de su partido, a la ayuda de las víctimas. La propuesta consiste en destinar el 50% del posible gasto de campaña de 2018 para apoyar a damnificados y calcula que su partido donaría directamente 103 millones de pesos.
Ochoa Reza aseveró que en esa promesa se oculta un engaño y dijo: “El dirigente López Obrador quiere apoyar a la población, pero lo hace de manera tramposa. Su apoyo llegaría hasta las campañas de 2018, en unos seis meses. La ayuda se necesita hoy”. El encargado de turno de la dirigencia nacional del PRI aseguró que para que el donativo sea «legal», los partidos deben renunciar ante el INE a los recursos que les corresponden y así no se violaría la norma que estipula que ese dinero solo puede usarse con fin de prohijar el sostenimiento de los partidos políticos, ya que al ser rechazado, ese dinero público se reintegraría a la Tesorería General de la Federación y sería re etiquetado para apoyar los trabajos de reconstrucción. Morena, sin embargo, ha dicho que evitará reintegrar el dinero a la Hacienda pública, López Obrador ha sugerido que serán los militantes de ese partido quienes lo entregarán de «manera directa» a los damnificados.
El llamado Frente Ciudadano por México conformado por el PAN, el PRD y Partido Movimiento Ciudadano, no se ha quedado atrás en esta lluvia de discursos en la que quieren enmarcar su generosidad casi todos los partidos. Esta alianza opositora criticó el plan del PRI asegurando que resulta insuficiente, pues representa menos del 1% del presupuesto de 2018, y aseguró que el partido de Enrique Peña Nieto “busca aprovecharse políticamente de la tragedia”.
Los partidos del Frente, en cambio, proponen eliminar el 100% del financiamiento con dinero público a los partidos políticos y suprimir los seguros de gastos médicos, los gastos de telefonía y el pago de gasolina a los altos funcionarios. Por el momento, el PRI ha aceptado el envite y se ha comprometido a elaborar una iniciativa para renunciar al dinero público. El Frente desea que los partidos se financien a través de aportaciones de militantes y simpatizantes. PAN, PRD y MC también proponen eliminar el gasto de publicidad gubernamental. El estira y afloja entre los partidos continúa mientras el resto del país ha difuminado sus divisiones.
El fin del financiamiento a los partidos políticos es un debate que llegó a la opinión pública mientras México se reconstruye a sí mismo. Las primeras peticiones para que los políticos no reciban dinero público se hicieron en las redes sociales horas después del terremoto de la tarde del 19 de septiembre.
La propuesta fue bien recibida y tiene un objetivo. Está dirigida a los seis mil 788 millones de pesos que la autoridad electoral dará a los partidos para hacer campañas políticas el próximo año. Pero lo cierto es que se debe ir más a fondo y canalizar al menos esos casi siete mil millones de pesos más otros quizá no menos de cincuenta mil millones de pesos que están ahí en las partidas de gastos superfluos, no prioritarios, suntuarios, discrecionales, que deben reconducirse para seguir las tareas del desarrollo del país, que de ninguna manera debe detenerse.
El pasado 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter se registró en la Ciudad de México, causando destrucción en los estados de Chiapas y Oaxaca; dos semanas después, el 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados volvió a sacudir la capital del país, esta vez afectando a los estados de Puebla, Morelos y a la misma Ciudad de México, en donde se han registrado el mayor número de muertes.
México se encuentra en una zona privilegiada en el planeta que le ha dado una gran biodiversidad, pero también se encuentra en un punto en el que es probable que haya movimientos sísmicos. De acuerdo a los expertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, los dos terremotos que sacudieron la Ciudad de México se deben al “contexto tectónico” en el que se encuentra el país.
Aunque el territorio mexicano se sitúa sobre cinco placas tectónicas, la mayor parte de su actividad sísmica está relacionada con la actividad de las fronteras de las placas de Norte América, del Pacífico y Cocos.
La Placa de Cocos se desplaza en dirección a la Placa de Norteamérica en un proceso de subducción (cuando una placa se hunde bajo otra placa). Con menor actividad que la anterior, corre la Placa de Rivera, que deposita fricción entre las placas de Norte América y la del Pacífico al Sur del Golfo de California. La frontera entre las placas de Norteamérica y del Pacífico sube al Norte por la desembocadura del Río Colorado hasta internarse en los Estados Unidos de América a través de California, en un proceso de divergencia de placas.
En conjunto, estas líneas forman parte del contorno del Círculo de Fuego del Pacífico, mismo que dibuja una circunferencia a lo largo de las islas orientales de Oceanía, el Pacífico asiático así como al margen occidental de las costas del continente americano. En general, los epicentros de estos terremotos se sitúan sobre brechas sísmicas, esto es, en lugares donde al menos un terremoto de gran intensidad había ocurrido en el pasado pero sin que hubiera ocurrido un terremoto desde mucho tiempo atrás. Un estudio de amenazas naturales en México del Banco Mundial, estima que en nuestro país puede esperarse un terremoto de al menos 6.5° Richter cada dos años, uno de al menos 7.0 cada 10 años y uno de al menos 8.0 cada 30 años, sin que esto signifique que así deba ser de manera constante, es decir, el estudio es meramente aproximativo y no puede ser considerado científicamente sustentado pues a la fecha es totalmente imposible determinar cuándo sucederá un sismo; quien afirme lo contrario estaría mintiendo.
Lo atípico del terremoto del 19 de septiembre de 2017 radica en que alcanzó una magnitud demasiado alta (7.1°Richter) para haber tenido su epicentro lejos de la zona de colisión de placas tectónicas; esto es, tuvo su epicentro en una zona muy interna de la placa de Norteamérica (límites de los estados de Morelos y Puebla). Históricamente, los grandes terremotos de México se han originado dentro de la zona comprendida entre la cordillera Neo-volcánica y las costas del Océano Pacífico, región comprendida entre los paralelos 16° y 22° Norte. Esta área corre de este a oeste, y su alta actividad tectónica se acompaña de volcanes activos y del movimiento de fallas.
En esta zona se han originado los terremotos más fuertes de la historia reciente del país, como son el caso del terremoto de la Ciudad de México del 19 de septiembre de 1985 (Magnitud 8.1° Richter), el del 30 de enero de 1973 (7.3), 29 de noviembre de 1978 (7.8), 24 de marzo de 1979 (7.6), el de Colima en 1995 y, más recientemente, el del 7 de septiembre del 2017 en Chiapas y Oaxaca (8.2).
Pero los movimientos telúricos no son el único problema al que se enfrenta la región, también está sujeta a la repetición de erupciones volcánicas.
De hecho, al sur del epicentro del terremoto de hace días, dos volcanes (el Chichón y el Volcán de Colima) estallaron en 1982 y 2005, respectivamente. Además, otros dos volcanes activos al sureste de la Ciudad de México, Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, suelen ventilar gas visible, y el primero entró en erupción en el 2010, y existen imágenes en las últimas horas que muestran fumarolas tras el terremoto de 7.1. También, gran parte de la Ciudad de México está construida sobre un antiguo lago, espacio donde se ha encontrado suelo blando que intensifica los efectos de los terremotos.
Sin embargo; “No corro. No grito. No empujo”. Es una frase que varias generaciones de mexicanos aprendimos de memoria desde niños.
Es parte de la cultura de protección ante un sismo, y que, desde 1985 cuando un terremoto devastó parte de Ciudad de México, forma parte de una arraigada cultura de protección civil. Pero algunas de las consecuencias del movimiento telúrico que el pasado 19 de septiembre sacudió a la capital y dos estados vecinos, revelan que existen lecciones no aprendidas a más de 30 años de esa tragedia.
Desorganización en la entrega y reparto de ayuda, ausencia de autoridades en algunas zonas afectadas e incluso información falsa que provoca alarma, son algunos de los puntos donde la historia parece repetirse.
Tras el reciente sismo algunos criticaron la forma como se atiende la emergencia, pero las autoridades aseguran que no hay desorden.
Pese a las críticas, la conclusión de especialistas es que sin la referencia del terremoto de hace tres décadas, el impacto del reciente sismo hubiera sido mayor en la ciudad.
Ahora bien, profundizando sobre los riesgos y las áreas, más del 50 por ciento de la zona más propensa a terremotos se ubica a lo largo de los estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Además de los terremotos, estos estados son históricamente de los más afectados por huracanes e inundaciones. A su vez, estos estados se han caracterizado desde hace décadas por tener los niveles de ingresos per cápita más bajos del país, las más altas tasas de analfabetismo, la peor infraestructura de servicios de salud, vivienda, y así para el resto de los indicadores de bienestar. Este hecho refuerza las tesis de que los desastres son un mecanismo de empobrecimiento, por lo que la reducción de riesgos de desastre debe ser un pilar fundamental del desarrollo económico de este país.
No es casualidad que las regiones económicamente más atrasadas del país también sean las más recurrentemente afectadas por desastres. Aunque el peso específico de los desastres como causa del empobrecimiento puede ser controversial –comparado con otras causas-, es innegable su contribución a la destrucción de activos de la población viviendo en condiciones de pobreza.
Esta combinación de factores hace que no sea de sorprendernos el hecho de que sean precisamente estos estados en donde han florecido los movimientos guerrilleros de la segunda mitad del siglo XX en México, como son el caso del movimiento de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero desde la década de los setentas; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas desde 1994; el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y; el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en Guerrero y Oaxaca desde 1995.
Así pues, los terremotos no sólo son un atributo geológico de nuestro territorio nacional; son también un determinante de nuestros patrones de desarrollo económico, de nuestros conflictos sociales y muy probablemente también de nuestro estancamiento político.
@salvadorcosio1
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