Por: Jorge Carrillo Sánchez
El inicio de año en nuestro país, lo marcan los incrementos en el costo de distintos productos, en el que de la mayoría se puede prescindir, pero algunos son de consumo necesario como la leche o los combustibles. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advierte que las reformas fiscales adoptadas por el gobierno para 2020 impactarán en el precio de algunos alimentos perecederos como el de las verduras o el de la carne.
En algunos casos, el aumento es para desalentar su consumo; en los Estados, se han anunciado aumentos en el precio de servicios y trámites, para compensar la reducción de las participaciones que envía la federación, aumentos que afectan a la totalidad de la población. El Estado no puede ignorar que los impuestos y cargas económicas inciden con mayor impacto en los estratos sociales con menos ingresos a los que teóricamente se busca proteger.
El 2019 fue un año de desencanto y frustración. El primer año del nuevo gobierno que tantas esperanzas levantó en muchas personas, ha sido frustrante. El discurso presidencial ha creado la sensación de que ninguno de los problemas existe y de que vivimos ya en otra realidad nacional.
Se observa una nueva actitud solidaria hacia los más pobres y es digna de reconocimiento. Pero ese camino de los programas sociales, no podrá avanzar si no se acompaña de un nuevo dinamismo en la economía que los sustente.
En materia de seguridad, los ciudadanos seguimos sintiéndonos impotentes. En los penales prevalece el auto-gobierno y son verdaderas universidades del crimen. El uso de los teléfonos celulares en el interior, les permite operar como bandas articuladas para la extorsión y nadie levanta un dedo.
Las policías locales, algunas maiceadas por el crimen organizado, no tienen la capacidad ni el entrenamiento para investigar. La Guardia Nacional no funciona para combatir la delincuencia común, que es la que más afecta a los ciudadanos de todas las clases sociales.
En lo económico es urgente abrir espacios de inversión para grandes, medianos y chicos y eso sólo lo puede hacer el Estado mediante el fortalecimiento de sus capacidades y no por la vía de contraerse. Particularmente, reactivar la economía social orientada a mercados locales y regionales que son fortalecidos por las transferencias sociales.
Uno de los grandes pendientes son los niños secuestrados por el narco. Hay una omisión dolosa en su atención. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que hay 460 mil niños en México trabajando para organizaciones criminales. En el 2018, ingresaron a cárceles federales 101 mil menores; 270 casos fueron por asesinato, según el Inegi.
Los únicos avances han sido la elaboración de un diagnóstico sobre cómo otros países, en especial Colombia, han desmovilizado a menores del crimen. En ese sentido el Obispo de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza argumenta la necesidad de dar amnistía a los niños de la amapola.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acepta que los jóvenes están en la mira del crimen, y presume que los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro están para alejarlos del reclutamiento, pero si usted revisa las bases de esos programas, encontrará que ninguno acepta menores de 18 años.
Por último, la conducta corrupta en nuestro país, y en nuestro Estado, aún es muy amplia. En México, las acciones para alcanzar un ambiente social libre de corrupción no han terminado de consolidarse y no será suficiente la voluntad presidencial ni la del gobernador, para lograrlo. El andamiaje legal y la participación de los distintos sectores de la sociedad son indispensables, todos podemos aportar.
