El partido FARC denunció que el asesinato de más de 100 exguerrilleros constituye «una clara violación» del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia y pidió el apoyo de los países garantes y organismos internacionales para participar en los próximos comicios regionales y locales.
«Estos asesinatos sistemáticos (…) son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos», señaló una declaración emitida tras una reunión de emergencia convocada por el presidente del partido, Rodrigo Londoño.
La reunión del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de la FARC, que se llevó a cabo viernes y sábado en Bogotá, fue convocada de emergencia por Londoño, el exlíder rebelde conocido como «Timochenko», para analizar «la grave situación de seguridad» que afecta a la militancia del partido.
En el documento, publicado por Londoño en su cuenta de la red social Twitter, el partido precisó que la violencia política en Colombia «ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y 11 más (están) desaparecidos».
La declaración calificó como «inaceptables» las explicaciones del gobierno y los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación «en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos».
Asimismo, acusó al gobernante partido Centro Democrático y al propio presidente Iván Duque de llevar a cabo una «campaña de estigmatización» y hostigamiento contra Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), sus militantes y sus dirigentes.
En ese sentido y ante la posibilidad de un recrudecimiento de la violencia de cara a las próximas elecciones regionales y locales, el partido pidió el apoyo de los países garantes del acuerdo de paz, Cuba y Noruega, y los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y España, Felipe González, quienes integran el grupo de notables.
Así como de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que considera que la FARC no contará con plenas garantías para participar en los comicios de octubre próximo, en los que serán electos alcaldes y gobernadores.
El instituto político hizo también un llamado a la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo para que intervengan a fin de «lograr el afianzamiento de la paz estable y duradera» en Colombia.
