California encabezó este día a una coalición de cuatro estados que interpuso una demanda contra la nueva norma migratoria del gobierno de Donald Trump, denominada de “carga pública”, que limitaría el acceso a la residencia permanente a migrantes que reciben beneficios públicos.
«Este presidente y esta administración quieren atacar a quienes solo quieren trabajar y mejorar la vida de sus hijos. Y otra vez, California va a luchar, porque sabemos lo que pasa cuando uno trabaja duro (…) levantamos al estado y levantamos al país”, indicó el gobernador californiano Gavin Newsom en rueda de prensa.
“El objetivo de todo esto es crear miedo, generar ansiedad, y ya se están sintiendo esos efectos. Ellos ya han visto los efectos en la gente, que está pidiendo menos beneficios”, denunció Newsom, citado por la cadena Univision.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable”, sostuvo por su parte el fiscal general de California, Xavier Becerra.
El procurador, acompañado por varios funcionarios públicos estatales, muchos de ellos hijos de inmigrantes, aseveró que la nueva norma migratoria afecta a todos los trabajadores en California, el estado con el mayor número de migrantes en Estados Unidos y en el que la mitad de los niños tiene al menos un padre indocumentado.
Además de California, los estados de Maine, Pensilvania y Oregón, así como el Distrito de Columbia, presentaron la querella contra el titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, y el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Ken Cuccinelli.
Dichos estados decidieron demandar a las autoridades federales, luego que el pasado lunes el DHS anunció que negaría la residencia permanente a los migrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid, reciban cupones de alimentos y otros beneficios sociales.
El fiscal Becerra precisó que en la demanda se instó al tribunal a emitir una orden que suspenda la implementación de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de octubre próximo.
Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes y abogados continúan revisando el documento de más de 800 páginas, contra el que ya presentaron también una demanda el martes pasado los condados californianos de San Francisco y Santa Clara.
