Se sabe bien que la red Internet está creciendo: hoy, más de 3.000 millones de personas tienen acceso. Y en países como Argentina, cerca de 33 millones, es decir, el 80% de su población, son usuarias activas.
Sin embargo, esta enorme generación de información puede implicar serios riesgos-. Por ejemplo, nuestros datos personales se encuentran en constante peligro de robo y espionaje, ya sea por obra de criminales que extorsionan a individuos en busca de dinero, o violan servidores del sector privado, ya sea por obra de los propios gobiernos y empresas que espían ciudadanos y usuarios.
Parece ser que la información no es sólo nuestra: el Estado, las agencias y dependencias gubernamentales, las empresas, las instituciones y las distintas organizaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, almacenan nuestra información en bases de datos y computadoras conectadas a Internet.
El uso de Smartphones, notebooks, tablets y otros objetos conectados a la nube (automóviles, relojes, televisores, tostadoras, lavarropas, hornos, cuya interconexión conforma la llamada ‘Internet de las Cosas’), generan un inmenso flujo de datos, en el que a su vez, se reflejan nuestros consumos, nuestros gustos musicales y de entretenimiento, nuestras creencias y orientación política, en fin, nuestra vida privada. Así, estos cruces de datos se van convirtiendo en una suerte de representación digital de nuestra personalidad, de nuestra identidad como individuos: los dispositivos que los almacenan se vuelven una verdadera extensión de nuestra mente.
Frente a este panorama, el cifrado es una herramienta esencial para proteger nuestra información y nuestra integridad física, y a la vez resguardar y potenciar nuestro goce y ejercicio de los derechos humanos en la era digital.
¿QUÉ ES EL CIFRADO? Es el proceso a través del cual, mediante algoritmos matemáticos, se codifica el contenido de cualquier información –mensajes, fotografías, llamadas, videos- asegurándolo para que tan solo pueda ser accesible por su dueño o sus destinatarios específicos.
Se trata de una tecnología que ayuda a mantener segura nuestra información y permite crear una zona de privacidad para proteger nuestras opiniones y creencias, ejercer la libre expresión, evitar injerencias y ataques de terceros, el cibercrimen y los abusos de gobiernos alrededor del mundo.
Sin embargo, en los últimos años, a medida que se ha ido abaratando el costo del desarrollo tecnológico de herramientas de vigilancia, países como Estados Unidos y el Reino Unido han puesto en funcionamiento sistemas de vigilancia masiva indiscriminada. Algunos países, han aprobado leyes e implementado regulaciones que limitan o prohíben el uso de herramientas de cifrado, o incluso se han popularizado prácticas que ponen en riesgo a la ciudadanía y generan precedentes fuertemente arraigados en la cultura judicial: en Reino Unido, Francia, y España, el gobierno puede solicitar a las compañías las llaves privadas para descifrar la información; o en países como «Pakistán, India y Cuba prohíben el cifrado, restringen la fuerza del cifrado legal a los niveles establecidos por el gobierno, o exigen a las personas que soliciten autorización para utilizar cifrado», denuncia Amnistía Internacional. Muchos gobiernos aluden a una supuesta pérdida de su capacidad de investigación para prevenir e investigar actividades delictivas, como terrorismo, narcotráfico, trata de personas o secuestros por las protecciones y garantías a la privacidad que conlleva el cifrado.
En este contexto, a comienzos de 2016, la organización internacional Access Now lanzó una coalición global, integrada por ADC, con el fin de instar a los gobiernos alrededor del mundo a proteger y potenciar el desarrollo del cifrado y tecnologías derivadas, bajo el lema «Seguridad para todos».
ADC sostiene que esta tecnología es uno de los pilares fundamentales para el pleno desarrollo de una sociedad libre y democrática.
